Alcaldes de tres pueblos alegan al centro de datos de Samca por "eludir" 11 millones en impuestos
Los alcaldes de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón han unido fuerzas para frenar lo que consideran un intento de la empresa Samca de evitar el pago de más de 11 millones de euros en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), derivado de la expansión de sus plantas renovables vinculadas a los centros de datos que impulsa en Luceni.
Pese a pertenecer a formaciones políticas distintas —el PSOE en el caso de Pedrola y Plasencia; el PP en el de Rueda—, los tres regidores han presentado alegaciones conjuntas contra la inclusión del macroproyecto energético en la declaración de interés general que abre la puerta a su tramitación como Plan de Interés General de Aragón (PIGA). Esta figura urbanística exime del abono del ICIO, lo que supondría un duro golpe a las arcas municipales.
"Tiene por único objetivo eludir el pago del Impuesto de Construcción a los municipios afectados, lo que vulneraría su autonomía financiera", denuncian Manuela Berges y Francisco Javier Pérez, alcaldes socialistas de Pedrola y Plasencia, respectivamente. En su escrito advierten de que la actuación no requiere transformaciones urbanísticas ni justifica el uso de un PIGA, una herramienta pensada para desarrollos excepcionales.
Según la memoria del proyecto, Samca pretende repotenciar cinco de los siete parques eólicos que tiene en los tres municipios, hibridarlos con plantas fotovoltaicas y añadir sistemas de almacenamiento. El coste estimado es de 557,9 millones de euros. Aplicando el tipo del 2% del ICIO vigente en estas localidades, los ayuntamientos dejarían de ingresar 11,15 millones si el plan se tramita bajo la figura del PIGA.
La empresa, por su parte, niega que pretenda ahorrarse el pago del impuesto local señalado. El objetivo de esta decisión adoptada es acelerar la tramitación del proyecto para garantizar el suministro de energía a largo plazo.
Una cuestión de equidad y precedentes
El alcalde de Rueda de Jalón, José Miguel Echeverría (PP), comparte el rechazo de sus homólogos y recuerda que el PIGA es un instrumento excepcional que “no puede usarse en perjuicio económico de los municipios que acogen las instalaciones”. En sus alegaciones plantea al Gobierno de Aragón que, si se sigue adelante con la tramitación, se impongan medidas compensatorias que palien la pérdida de ingresos tributarios.
Los tres regidores coinciden en que esta maniobra podría sentar un peligroso precedente. Si se permite vincular proyectos de generación renovable a centros de consumo como los centros de datos para eludir el pago del ICIO, otros promotores podrían hacer lo mismo. “Se estaría desvirtuando el verdadero fin del PIGA y socavando la autonomía económica de los municipios”, alertan.
Los alcaldes subrayan que no están en contra del proyecto de Samca ni del despliegue de energías renovables. Al contrario, reivindican su historial de apoyo a este tipo de desarrollos. Lo que cuestionan es el modo en el que se pretende llevar a cabo esta actuación concreta, que consideran innecesaria desde el punto de vista urbanístico y lesiva para sus municipios.
Samca, por su parte, ha incluido en su propuesta de declaración de interés autonómico un borrador de acuerdo con los ayuntamientos afectados. Entre las medidas compensatorias que plantea están planes de formación laboral, prioridad a la contratación local y colaboración con proyectos sociales y culturales. Sin embargo, no especifica el valor económico de estas iniciativas ni si compensarán el impacto de la pérdida del ICIO.
El debate queda ahora en manos del Gobierno de Aragón, que deberá decidir si da luz verde a la tramitación del proyecto como PIGA o atiende las alegaciones de los alcaldes. Lo que está claro es que el pulso entre los municipios y la compañía aragonesa será clave para definir el modelo de desarrollo energético y su encaje territorial en la comunidad.
