El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno de Aragón contra el Decreto de reparto de menores
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en contextos de contingencias migratorias extraordinarias. Esta decisión marca un nuevo capítulo en el conflicto institucional entre el Ejecutivo aragonés y el Gobierno central en materia de competencias autonómicas.
El recurso fue formalmente presentado el pasado miércoles 30 de abril, una vez resueltos los problemas técnicos de conexión causados por un apagón que afectó a buena parte de la Península.ç.
En una comparecencia pública, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, explicó los motivos y el alcance del recurso ante el alto tribunal. Según detalló, la impugnación se articula en dos niveles:
Por un lado, se presenta una impugnación total del Real Decreto-ley, al considerar que el texto vulnera el orden constitucional en su conjunto. El Ejecutivo aragonés sostiene que existe una "identidad de razón y unidad de sentido" que hace que todo el decreto resulte, en su opinión, contrario a la Carta Magna.
Por otro lado, y de manera subsidiaria, se impugnan también de forma individualizada la práctica totalidad de los preceptos del decreto. En concreto, se cuestionan el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda, así como las disposiciones finales primera y segunda. Según el Gobierno de Aragón, estos apartados incurren en vicios específicos de inconstitucionalidad, afectando de forma directa a las competencias que, en materia de infancia, migraciones y servicios sociales, corresponden a las comunidades autónomas.
Este movimiento jurídico no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo aragonés para defender su autonomía competencial en el ámbito de la protección de menores. Ya en el Consejo de Gobierno del 21 de marzo, se aprobó la decisión de presentar este recurso, sumándose a otras acciones en el terreno contencioso-administrativo.
Entre estas actuaciones previas, se encuentran dos recursos significativos: uno contra el requerimiento de datos emitido por el Ministerio de Derechos Sociales para conocer la disponibilidad de plazas de acogida en Aragón, y otro contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordaron medidas urgentes sin el consenso de todas las comunidades.
El trasfondo del conflicto gira en torno a la distribución de menores migrantes no acompañados (MENA) en situaciones de emergencia humanitaria. El Gobierno central busca establecer mecanismos ágiles para su reubicación entre comunidades autónomas, mientras que varias regiones, entre ellas Aragón, denuncian una imposición unilateral que, según afirman, vulnera tanto la autonomía política como la capacidad real de acogida de los territorios.
La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional no supone aún una resolución sobre el fondo del asunto, pero sí implica que el alto tribunal ha encontrado base suficiente para estudiar el caso. A partir de ahora se abre un proceso en el que ambas partes —el Gobierno de Aragón y el Gobierno central— podrán presentar alegaciones y defender sus argumentos.
