La DGA amenaza con sanciones al Real Zaragoza si no cumple con los pagos para La Nueva Romareda

El Gobierno de Aragón realizará en las próximas semanas una aportación de 3,5 millones de euros correspondiente a 2025 a la sociedad La Nueva Romareda, formada junto al Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza, con el objetivo de construir el nuevo estadio de fútbol en la ciudad. Por su lado, la DGA ha señalado que se impondrán sanciones a aquellos socios que no cumplan con los compromisos firmados. Pese a que no ha especificado cuál será la sanción, como fue el caso del club maño, ha señalado que hay cláusulas de incumplimiento.

El anuncio lo hizo este lunes el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quien recordó que el Ejecutivo autonómico deberá aportar además 11 millones en 2026, otros 11 millones en 2027 y 7,4 millones de euros en 2028. Asimismo, expresó su confianza en que el Real Zaragoza pagará este año la parte que le corresponde de 2025.

Bermúdez de Castro compareció ante la Comisión de las Cortes de Aragón, un ejercicio que repetirá cada tres o cuatro meses, con el fin de informar sobre el desarrollo del proyecto del nuevo estadio.

En 2023, el club y las dos instituciones crearon la sociedad La Nueva Romareda, con un capital inicial de 50,5 millones de euros. El Ayuntamiento aportó el derecho de superficie valorado en 24,5 millones, el Gobierno de Aragón, 20 millones provenientes de la venta de una parcela del PTR a Microsoft, y el Real Zaragoza, 6 millones de euros.

Además, se comprometieron a aportar un mínimo de 40 millones de euros más hasta 2028, repartiéndose las acciones a partes iguales, con un 33,3 % cada uno. Buscaron un socio privado para la operación, y también tantearon la entrada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que finalmente no se produjo. Por ello, acordaron una aportación de 20 millones por parte del Gobierno de Aragón y otros 20 millones del Ayuntamiento, sin recurrir a crédito bancario.

En diciembre de 2024, el Real Zaragoza comunicó que no podría asumir su parte correspondiente a ese año, por lo que se firmó una nueva senda de aportaciones entre los socios. Ese mismo mes comenzaron los trámites del proyecto constructivo y se adquirió el diseño elaborado por Idom, el cual buscaba permitir que los partidos siguieran jugándose en el actual estadio mientras se construía el nuevo. Sin embargo, se evidenció la dificultad técnica para hacerlo viable.

Ante este escenario, los socios optaron por construir un campo modular, como se hace en muchos lugares del mundo. Evaluaron múltiples ubicaciones, como Cuarte de Huerva, Utebo o la Universidad San Jorge, pero decidieron levantar un nuevo estadio, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero, y garantizar una instalación “sobria y digna” para Zaragoza y Aragón.

La sociedad contará con ingresos derivados de la explotación comercial de dos parcelas situadas cerca del estadio: una frente al Hospital Miguel Servet y otra en la plaza Eduardo Ibarra, donde está previsto construir una residencia o un hotel.

El nuevo estadio estará terminado en 2027 o 2028, antes del Mundial de Fútbol de 2030, mientras que el campo modular permanecerá operativo. El consejero recordó que en el actual estadio “no se había invertido ni un céntimo durante décadas”, describiéndolo como “el peor estadio”.

Desde el Partido Popular, la diputada Blanca Puyuelo defendió que la Nueva Romareda es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno de Aragón, reclamado durante años, y en línea con el potencial e historia del Real Zaragoza. Consideró que el proyecto está “bien dimensionado” y que posicionará a Aragón a nivel internacional en el ámbito deportivo, a la vez que permitirá modernizar infraestructuras.

Desde el PSOE, Óscar Galeano defendió que Zaragoza debe contar con un estadio de fútbol digno, aunque reconoció las dificultades que ha enfrentado el proyecto. Criticó “la promesa falsa de Azcón” sobre que el campo sería gratuito para los zaragozanos, dado que ahora participan en la financiación tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento. Se preguntó si los 160 millones de euros previstos serán suficientes y expresó su posición con la frase: “La nueva Romareda sí, pero no así”.

Desde Vox, Fermín Civiac expresó preocupación por el modelo de negocio del nuevo estadio y preguntó si la sociedad va a vender o ceder las parcelas de suelo para obtener beneficios, así como si el Real Zaragoza cumplirá con sus compromisos económicos.

Desde CHA, José Luis Soro criticó el modelo de colaboración, asegurando que el esquema público-privado garantiza la opacidad, pero no la equidad ni la justicia social. Calificó de “artilugio” la estructura creada para poner en marcha el proyecto y señaló que solo beneficia al socio privado. También criticó la modificación del pacto de aportaciones y afirmó que “no puede ser un modelo en el que lo público paga y lo privado manda”.

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte reconoció que el Real Zaragoza necesita un nuevo campo, pero cuestionó que la financiación sea casi completamente pública. También se preguntó si los socios privados podrán cumplir con sus obligaciones, y si el Ayuntamiento financiará su parte mediante recalificaciones urbanísticas, prácticas que tildó de habituales en el pasado. Finalmente, cuestionó los beneficios reales del nuevo campo para la ciudad, advirtiendo que la aceptación social dependerá de ello, ya que si solo se juega “varios partidos, sería una inversión desproporcionada”.

Por parte de Izquierda Unida, el diputado Álvaro Sanz señaló que “esta operación no tenía que haberse producido”. Rechazó el modelo empleado, preguntó cómo afecta la prórroga presupuestaria y los incumplimientos de algún socio, y afirmó que el proyecto debía haberse gestionado solo desde el ámbito municipal. Consideró que existen infinidad de prioridades más importantes, y definió la actuación como una “falsa colaboración público-privada”.