Los empresarios aragoneses señalan el punto más crítico del SMI: "Son 1.912€ al mes por trabajador"

CEOE y Cepyme Aragón han mostrado su rechazo frontal a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pactada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos CC. OO. y UGT, una medida que fija el salario mínimo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Las organizaciones empresariales consideran que este incremento supondrá un “encarecimiento del empleo real” y podría empujar parte de la actividad hacia la economía sumergida. Por ello, reclaman que cualquier modificación salarial se aplique con “gradualidad, seguridad jurídica” y tras la elaboración de estudios de impacto previos.

En un comunicado conjunto, ambas patronales han denunciado la “falta de respeto al diálogo social”, al asegurar que la propuesta se conoció antes a través de los medios de comunicación que en la mesa de negociación.

A su juicio, esta forma de proceder “no hace un buen servicio a la economía ni a la sociedad”, ya que genera confusión y polarización. Además, critican que la medida no contemple excepciones para empresas en pérdidas, cooperativas o entidades sin ánimo de lucro.

El coste real para las empresas

Según los cálculos empresariales, el SMI de 1.221 euros brutos mensuales supone 17.094 euros brutos anuales en salario base. Sin embargo, subrayan que este no es el coste real empresarial. A esa cifra hay que sumar cotizaciones a la Seguridad Social y otros gastos asociados, lo que elevaría el coste total hasta unos 1.912 euros mensuales por trabajador, superando los 22.000 euros anuales.

Las patronales advierten además de un “efecto arrastre” en los convenios colectivos. La subida obligaría a reajustar tablas salariales en categorías cercanas para mantener jerarquías profesionales, lo que provocaría un incremento del coste laboral en cascada.

También alertan del riesgo de limitar la compensación y absorción de complementos salariales, algo que, según sostienen, rompería equilibrios pactados y generaría aumentos salariales adicionales difíciles de asumir.

Ante esta situación, CEOE y Cepyme Aragón piden al Ejecutivo central recuperar un “diálogo social real” basado en negociación efectiva y evaluaciones rigurosas del impacto económico.

Asimismo, reclaman medidas estructurales para proteger el empleo privado, como reducción de cargas laborales, alivio de costes de contratación en los sectores más afectados y políticas enfocadas a mejorar la productividad empresarial.