Alerta estafa en Aragón: la empresa condenada a 8 millones sigue ofreciendo cursos
La empresa Fomento Multimedia, declarada en quiebra y con una condena de casi 8 millones de euros, sigue operando y captando alumnos en España. A pesar de que su promotor, Alexis Fernández Montes de Oca, se encuentra en rebeldía procesal, su página web continúa activa y ofreciendo cursos sin validez oficial.
CURSOS FRAUDULENTOS QUE SIGUEN EN MARCHA
En su página de Facebook, la empresa aún promociona programas formativos como el de pescadería, con un mensaje que anima a matricularse y “encontrar empleo”. Sin embargo, en los comentarios se acumulan las quejas de afectados: “Llevo un año esperando las prácticas, ya lo pagué todo.”, “Me estafaron 1.200 euros.”, “No entregan el título, es un fraude.”
A pesar de ello, el portal web sigue funcionando, mostrando el copyright de 2025 y permitiendo inscripciones en cursos como auxiliar de farmacia o gestión inmobiliaria.
UNA EMPRESA QUEBRADA QUE SIGUE OPERANDO
El Grupo Fomento Multimedia, con sede en Vigo, dejó un reguero de afectados en Aragón, Galicia, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Los estudiantes pagaban por cursos que nunca completaban o recibían diplomas sin validez oficial.
Para verificar si la empresa sigue activa, se ha realizado una inscripción en su página web. En menos de seis horas, se recibió una llamada ofreciendo el curso de auxiliar de farmacia. Sin embargo, la persona que contactó no se identificó con la empresa, sino con un supuesto grupo llamado "Minerva Centros Educativos", que dice actuar como intermediario.
UNA CONDENA DE 8 MILLONES QUE NO HA PARADO SU ACTIVIDAD
El entramado empresarial de Alexis Fernández fue declarado culpable por un concurso fraudulento según una sentencia del Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra, el 9 de septiembre de 2024. A pesar de ello, la actividad de captación de clientes continúa, sin que la empresa haya cesado por completo sus operaciones.
Los documentos de inscripción dejan claro que los títulos no tienen efectos académicos oficiales y están respaldados por un decreto de 1980, lo que convierte cualquier certificado en papel mojado.
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS AFECTADOS?
Ante esta situación, los afectados pueden:
- Denunciar el caso ante las autoridades de Consumo.
- Exigir reembolsos si realizaron pagos recientes.
- No proporcionar datos personales en formularios de inscripción sospechosos.
