La Audiencia Nacional baraja absorber íntegramente el caso Forestalia en una macrocausa con el juez Pedraz
La investigación judicial que afecta a Forestalia podría unificarse en una única macrocausa. Según ha podido saber HOY ARAGÓN, de fuentes cercanas a la causa, no descartan que todos los presuntos hechos delictivos objeto de investigación en relación con esta empresa de energías renovables con sede en Zaragoza acaben centralizándose en la Audiencia Nacional.
La opción se considera la más probable dado que en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel se investiga un posible delito de organización criminal, figura que refuerza la competencia del alto tribunal. La compañía aragonesa Forestalia afronta en este momento dos investigaciones judiciales simultáneas que discurren por vías paralelas.
La primera, conocida como operación Leire, está siendo instruida por el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
La segunda se inició hace unos días en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel, con la UCO de Medio Ambiente (UCOMA) como unidad investigadora, y se centra en presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de renovables en la provincia turolense. En ambos casos se trata de investigaciones en fase de instrucción: ninguno de los investigados ha sido juzgado ni condenado.
Dos causas, una decisión pendiente
Las fuentes consultadas por este periódico subrayan que ambas investigaciones son todavía incipientes y que la decisión sobre la dirección final de la instrucción aún debe madurar. Existen dos escenarios sobre la mesa: que la Audiencia Nacional centralice íntegramente la causa, absorbiendo la investigación que lleva el juzgado de Teruel; o que ocurra lo contrario, y sea la propia Audiencia Nacional la que traslade su instrucción al juzgado turolense. Las mismas fuentes apuntan a que el primer escenario es el más probable, aunque insisten en que nada está decidido.
El juez instructor de la causa centrada en el Clúster del Maestrazgo, Juan José Cortés, estudia remitir la investigación a este órgano nacional al considerar que podría ser el competente, dada su relevancia social, su impacto económico y su afección a varias provincias. A esa decisión sobre competencia judicial se suma otra igualmente relevante: si la investigación recae finalmente en la Audiencia Nacional, habrá que determinar si la instrucción queda en manos de la UCO —que ya lleva la operación Leire— o si pasa a la UCOMA, que lidera la causa de Teruel.
Según las mismas fuentes jurídicas, se está analizando un volumen considerable de contratos y adjudicaciones, aunque todas las actuaciones se enmarcan en una fase de instrucción preliminar.
La causa de Teruel: detenciones, registros y proyectos bajo investigación
La investigación del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel se centra en presuntas irregularidades en la tramitación de numerosos proyectos de energías renovables —parques eólicos y fotovoltaicos— en la provincia, con especial atención al macroproyecto Clúster del Maestrazgo, uno de los mayores parques eólicos proyectados en España. La causa está bajo secreto de sumario.
El magistrado recibió numerosas denuncias de colectivos ecologistas, vecinos, responsables políticos y formaciones como Teruel Existe que ponían en duda la concesión de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), imprescindibles para la autorización de parques eólicos y fotovoltaicos, muchos de ellos promovidos por Forestalia. Por todo ello, el juez Juan José Cortés abrió diligencias en junio de 2024 tras haber archivado previamente la causa relativa a otros "proyectos cuestionados", los parques eólicos Las Cuencas y Las Cerradas.
Las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas afectan a distintos proyectos, tanto de competencia autonómica como estatal —aquellos que superan los 50 megavatios—. Entre ellos destaca el denominado Clúster del Maestrazgo, aunque el foco de la investigación también alcanza a otros parques como Matarraña, Sputnik, Canteras, Stev, Muniesa, Alfambra y Orrios. En el marco de estas diligencias, Cortés investiga posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En el marco de esta investigación fue detenido hace unos días Fernando Samper Rivas, presidente de Forestalia, si bien la detención no implica culpabilidad y su situación procesal deberá determinarse por los órganos judiciales competentes. La intervención policial incluyó doce registros y, además de Samper, otras cinco personas pasaron a disposición judicial. Entre ellas figuraba Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica durante el mandato de Teresa Ribera, y un notario de la zona.
Según las fuentes consultadas, la investigación en Teruel abarcaría al menos 52 proyectos presuntamente vinculados a posibles irregularidades, con deficiencias señaladas en estudios de impacto ambiental y posibles anomalías en adjudicaciones y externalizaciones. Se trata, en todo caso, de presuntos delitos objeto de investigación, no de hechos probados judicialmente.
La operación Leire y la presunta conexión con la SEPI
La segunda causa que afecta a Forestalia arrancó en diciembre de 2025, cuando la UCO registró la sede central de la empresa en Zaragoza y también sus oficinas de Madrid. El juez Pedraz investiga la presunta vinculación de Forestalia con una supuesta trama de irregularidades en contrataciones públicas, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como uno de los focos de la investigación.
En el marco de la operación Leire fueron detenidas —y posteriormente puestas en libertad provisional— la exmilitante del PSOE Leire Díez, que da nombre a la operación; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández; y Antxón Alonso, propietario de la empresa Servinabar. Los tres declararon ante el juez y quedaron en libertad provisional tras no solicitar la Fiscalía su ingreso en prisión preventiva. Su condición es la de investigados, no la de condenados.
Forestalia, ante un escenario judicial abierto
La empresa, con sede principal en Zaragoza y presencia en Madrid, se enfrenta a un escenario judicial de elevada complejidad en fase de instrucción. Forestalia es uno de los principales promotores de energías renovables de España, con proyectos en distintas comunidades autónomas.
La posibilidad de que las dos causas abiertas confluyan en una macrocausa añade incertidumbre a su situación procesal, aunque ninguna resolución judicial definitiva ha establecido hasta la fecha responsabilidad penal alguna por parte de la empresa ni de las personas investigadas en relación con ella.
