La DGA de Azcón se persona judicialmente en el caso Forestalia y apunta al PSOE: "El foco está en el Ministerio"
El Gobierno de Aragón en funciones da un paso al frente en el caso Forestalia. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, anunció este viernes en rueda de prensa que los servicios jurídicos de la DGA han solicitado al juez Juan José Cortés, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel que instruye la causa, su personación como perjudicado. El objetivo es convertirse posteriormente en acusación particular y, si procede, emprender acciones civiles o penales. El Gobierno revisará además toda la documentación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
La personación en una causa judicial no es un gesto simbólico. Permite al Gobierno de Aragón acceder a todos los documentos que se examinen en el procedimiento y conocer el estado de la instrucción en cada momento, algo que como tercero ajeno a la causa no podría hacer. En la práctica, el Ejecutivo de Azcón se sienta en la misma mesa judicial que los investigados y las acusaciones, con capacidad para presentar pruebas y sostener su propia tesis sobre los hechos.
Vaquero fue clara sobre las razones: "El Gobierno de Aragón quiere personarse para defender los intereses de Aragón, de todos los aragoneses, ante situaciones que se puedan llevar a cabo por esta empresa y que nos conviertan en víctimas con la colaboración de esos altos cargos de Gobiernos socialistas" de España y de Aragón. Una frase que resume el doble objetivo de la medida: intervenir en la causa y señalar políticamente al PSOE.
El foco apunta al MITECO y al Gobierno de Lambán
Vaquero no dejó margen a la interpretación sobre dónde apunta el Ejecutivo aragonés. "El foco está en el Ministerio para la Transición Ecológica", dijo, añadiendo que podría extenderse al Ejecutivo regional anterior al de Jorge Azcón, presidido por el socialista Javier Lambán. Fue más allá al sugerir que el caso Forestalia podría guardar relación con otros procedimientos judiciales ya en marcha, como los casos Koldo, Ábalos y Cerdán.
Son afirmaciones de calado político que el Gobierno formula en el contexto de una investigación todavía en fase de instrucción, en la que no hay acusados formalmente condenados. La vicepresidenta matizó en todo momento que el Ejecutivo respeta "los tiempos de trabajo de la Justicia y la Policía", a quienes elogió por su "exquisito trabajo" y su "credibilidad".
El Inaga, bajo revisión
Junto a la personación judicial, el Gobierno anuncia una revisión completa de la documentación del Inaga. Vaquero recordó que el Ejecutivo de Azcón ya cambió la dirección del organismo y reforzó sus recursos personales, y que el PP fue quien "en campaña denunció prácticas irregulares en la tramitación de proyectos de renovables". Rechazó además lo que describió como "una purga de funcionarios que se negaban a participar en ciertas prácticas", en referencia implícita a los cambios de personal que el sumario de la Guardia Civil documenta durante la etapa de Jesús Lobera al frente del Inaga.
El Ejecutivo se declara "alineado" con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, cuyo informe sobre la gestión del Inaga entre 2019 y 2023, publicado este mismo jueves, detectó graves deficiencias en el control de los expedientes de renovables, incluyendo la eliminación en 2022 de la cláusula que garantizaba la independencia de los técnicos externos.
Sobre la posibilidad de reconvertir el Inaga en una Dirección General del Gobierno de Aragón, como han pedido algunas organizaciones ecologistas, Vaquero se mostró abierta pero sin comprometerse: lo importante, dijo, es que el organismo sea "útil" para impulsar la actividad económica y el control medioambiental "con rigor, transparencia y seguridad jurídica, independientemente de que sea un organismo autonómico o una Dirección General".
Colaboración con la justicia y comisión de investigación
Vaquero reiteró la "total colaboración" del Ejecutivo aragonés con el juzgado de Teruel y con la Guardia Civil para facilitar cualquier información que se requiera, y recordó que la DGA ya ha remitido a la Cámara de Cuentas toda la documentación del Inaga que le fue requerida, aunque señaló que hubo dificultades por la incompatibilidad de los sistemas informáticos del organismo.
Azcón había anunciado previamente su intención de poner en marcha una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y de revisar "todos y cada uno de los documentos que existan en cualquier organismo" que puedan tener relación con el caso. La personación judicial es el siguiente paso en esa estrategia, que combina la vía parlamentaria con la judicial para maximizar la presencia del Gobierno en el caso.
El juez de Teruel tiene ahora la última palabra sobre si admite o no la personación solicitada por los servicios jurídicos de la DGA. Si la acepta, el Gobierno de Aragón pasará de observador a actor en una de las investigaciones judiciales más complejas que han afectado a la comunidad en los últimos años.
