Huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad: así afecta al día a día de hospitales y centros

A partir del 27 de enero está prevista una huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud (SNS), promovida por los sindicatos con representación en la negociación del estatuto marco —SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde—. La convocatoria incluye paros cada martes y, según las organizaciones, se mantendrá mientras no haya avances significativos en el diálogo con el Ministerio de Sanidad.

El anuncio ha sido detallado por Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, quien ha explicado que la protesta nace de la ausencia de un acuerdo que, a juicio de los sindicatos, resulte “justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras” del SNS. Las organizaciones denuncian que el departamento dirigido por la ministra Mónica García no ha mostrado disposición suficiente para cerrar un consenso amplio y equilibrado.

Los sindicatos han criticado que Sanidad haya mantenido negociaciones paralelas con organizaciones médicas como CESM y SMA, una decisión que consideran un factor de bloqueo y una muestra de “deslealtad” hacia la mesa legítima del estatuto marco. Según han expuesto, esta dinámica ha contribuido a frenar el proceso y a generar un frente común sindical que, aseguran, no deseaban conformar, pero al que se han visto empujados por la falta de avances.

Ballell ha subrayado que la ausencia de una respuesta clara por parte del Ministerio está llevando a la sanidad pública a una situación preocupante. A su juicio, la paralización en el desarrollo del nuevo estatuto marco coloca al sistema en “un camino sin retorno”, especialmente cuando se arrastra un proceso negociador reabierto hace casi tres años sin resultados concluyentes.

A esta convocatoria se suma la huelga de cuatro días promovida por sindicatos médicos, prevista para la semana siguiente, igualmente en protesta por la regulación del estatuto marco y con la reivindicación de un convenio específico para médicos y facultativos. En la mesa del estatuto marco, los sindicatos médicos solo están representados a través de FSES, motivo por el que las organizaciones del ámbito consideran aún más inadecuadas las conversaciones mantenidas al margen por Sanidad.

Según Ballell, desde el 6 de noviembre —fecha de la última reunión— las organizaciones no han recibido información sustancial sobre el contenido del nuevo texto, más allá de lo publicado en los medios de comunicación. Para los sindicatos, este ritmo de trabajo evidencia una falta de compromiso político: “Una negociación de una ley no lleva este tiempo”, ha afirmado, señalando que otros proyectos avanzan con mayor rapidez cuando existe voluntad dentro del Gobierno.

La presidenta de Satse, Laura Villaseñor, ha reiterado que el objetivo de la mesa negociadora es mejorar las condiciones laborales del conjunto del personal del SNS, tanto sanitario como no sanitario, garantizando equidad y evitando privilegios o desigualdades entre colectivos. Sin embargo, señala que persisten incógnitas sobre cuestiones esenciales como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la implantación de la jornada de 35 horas en todo el país. Villaseñor reconoce que recurrir a una huelga nunca es deseable, pero considera que la situación actual y el desarrollo del proceso obligan a adoptar esta medida.

Para Lucía García, responsable de Acción Sindical Pública y Desarrollo Profesional de la Federación de Sanidad de CCOO, el estatuto marco vigente ya no responde a la realidad del sistema, por lo que urge un nuevo marco normativo que se adapte a las necesidades del SNS. Destaca que la paciencia de los profesionales se ha agotado y reclama compromisos concretos y una hoja de ruta clara para avanzar.

Desde CSIF, Fernando Hontagas ha puesto el acento en las consecuencias que estas tensiones tienen para los ciudadanos, especialmente en un contexto de saturación asistencial como el causado por la actual epidemia de gripe, donde denuncia la falta de refuerzos y la suspensión de cirugías. Por su parte, Manuel Moreira, de CIG-Saúde, ha advertido de que la sanidad pública atraviesa una crisis profunda y que disponer de un estatuto actualizado y digno es imprescindible para garantizar un servicio adecuado a la población.