Cuando un polígono que no se hizo acaba en los tribunales: las claves contra el alcalde de Aguarón
El alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón, defendió este martes ante el juez su inocencia frente a las acusaciones de falsedad documental y administración desleal por las que la acusación particular solicita hasta 12 años de prisión y cuatro de inhabilitación. La Fiscalía, por su parte, reclama una pena de tres años de cárcel.
El caso, que quedó visto para sentencia tras una única sesión de juicio, gira en torno a la creación en 2006 de una sociedad mercantil destinada a impulsar un polígono industrial en la localidad. El proyecto nunca llegó a ejecutarse y, según el denunciante —el exalcalde Juan Carlos Berna—, la empresa habría generado con el tiempo una deuda superior al millón de euros.
Cucalón rechaza la existencia de deuda y niega irregularidades
Durante su declaración, Cucalón sostuvo que no existió perjuicio económico alguno, que la sociedad nunca tuvo actividad real y que su extinción se firmó en 2021 sin que se produjera reclamación económica de ningún tipo. “No hay deuda ni constancia de reclamaciones”, afirmó ante el tribunal, subrayando que las acusaciones parten de “interpretaciones erróneas” de la documentación contable.
La defensa del alcalde, ejercida por el abogado Juan Monclús, fue más allá, asegurando que el procedimiento “no debería haber llegado a juicio”. A su juicio, todo responde a un error contable, sin impacto económico para el municipio. “Si las pruebas que hemos aportado se hubieran incorporado en fase de instrucción, hoy probablemente no estaríamos aquí”, señaló al término de la vista.
Un segundo acusado denuncia un “montaje documental”
Junto a Cucalón también se sienta en el banquillo un exconcejal que formó parte de la sociedad como secretario. Este negó tajantemente la autoría de la firma que figura en las certificaciones de cuentas investigadas y calificó los documentos como “un burdo montaje”. Su defensa cuestionó la validez de la prueba documental presentada por la acusación.
El origen de la causa se remonta a la revisión de documentación realizada cuando Berna accedió a la Alcaldía. Según declaró, el hallazgo de cuentas y actas que consideró irregulares motivó que el asunto se trasladara a los juzgados.
Ahora, tras una instrucción prolongada y un único día de juicio, será el magistrado quien determine si existió falsedad documental o si, como sostiene la defensa, la sociedad fue un proyecto fallido pero sin consecuencias económicas ni penales. La sentencia se conocerá en las próximas semanas.
