Julio Tejedor: "La Ley es lo que nos hace sociedad. Si no tenemos Derecho, es la jungla"

Con un amplio currículum, algunas de las grandes decisiones jurídicas del Gobierno autonómico de los últimos veinte años han pasado por sus manos.
El jurista y Catedrático de Derecho Administrativo, Julio Tejedor / Álvaro Calvo para HOY ARAGÓN

Julio Tejedor ha tocado casi todos los resortes vinculados al Derecho, a la política y a la Universidad. Con un amplio currículum, es Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, ex alto cargo del Gobierno de Aragón, como número 2 del presidente Javier Lambán, y es referente jurídico en decisiones estratégicas vinculadas a vivienda, urbanismo, energía y derecho público. 

A día de hoy, valida las grandes decisiones administrativas vinculadas al sector energético. Entre tanto, mantiene la virtud de la coherencia y de los principios, como su amigo Javier Lambán, al que aprecia y elogia en esta entrevista.

PREGUNTA. En un punto donde la política está tan polarizada y desacreditada, ¿a qué se tienen que aferrar los ciudadanos cuando hay incertidumbre? 

RESPUESTA. Diría que los ciudadanos, y la sociedad en general, probablemente hoy día tienen las ideas más claras de lo que se está trasladando desde la política. Hay consensos que van más allá de lo político. Los ciudadanos quieren vivir con seguridad, tener empleo, un itinerario vital para el desarrollo familiar y el progreso de sus hijos. Esos objetivos personales generan una sensación de lo común, que es a lo que debemos aferrarnos. España, como sociedad, tiene unos objetivos sensatos y asumidos. La política debería trabajar en función de ellos.

¿Hay que seguir creyendo en el legislador… y, por tanto, en la Ley?

La Ley es lo que nos hace sociedad. Si no tenemos Derecho, esto puede acabar siendo la Ley de la jungla. España tiene un problema con sus prácticas regulatorias y su técnica legislativa. No puede ser que un país gobierne solo a golpe de decretos-leyes ni tener leyes diseñadas solo para confrontar. Como jurista, creo que la confianza en la ley hay que defenderla siempre. Pero también creo que la política está dañando el sistema normativo y la credibilidad de la ciudadanía en el Derecho.

En los últimos años, hay ejemplos de leyes diseñadas ad hoc para delincuentes, como la amnistía, u otras mal diseñadas como la del Ley del ‘sólo sí es sí’. ¿Qué opinión le merece?

En Derecho administrativo, que es mi ámbito, hay un principio esencial: la generalidad de las normas. Las normas son para todos, y no se puede, ni se debe, hacer excepciones. Cuando se evidencia que una norma se hace por una situación concreta, se daña la percepción del Derecho como sistema. Todo el mundo es consciente de que la Ley de la amnistía se ha hecho por lo que se ha hecho. En el ciudadano genera inquietud saber que hay casos donde se hacen normas especiales para atender situaciones de personas particulares. 

Y si esa norma parte de un pacto político, se contaminan dos cosas tanto la política como el Derecho. Hay que reforzar la imagen de que el Derecho es común, general y no sujeto a excepciones por razones de oportunidad política o de formación de gobiernos.

¿La Ley es capaz de eliminar las posibles corruptelas de la administración pública?

Es una pregunta que me he hecho muchas veces. La ley por sí misma no acaba con toda la corrupción. La corrupción es un problema de personas, de corruptos. Las leyes pueden ayudar a eliminar la corrupción, pero no deben convertirse en un marco hiperregulatorio que estrangule la actividad económica. Es mejor apostar por la trazabilidad y la transparencia en un procedimiento administrativo. Cuando un procedimiento es transparente y completamente trazable, es más difícil que ocurran irregularidades.

¿Hay una falta de ética en la política?

España es un país donde se percibe que la administración es algo ajeno. Esa falta de sentimiento de pertenencia impide construir consensos éticos sólidos. Para muchos, la administración no es "de todos", como sí lo puede ser una comunidad de vecinos. Esa falta de vínculo dificulta establecer bases comunes de ética pública y objetivos compartidos.

¿Hay un exceso de legislación en España? ¿Se legisla por encima de nuestras posibilidades?

Sin duda. Estamos en una vorágine regulatoria sin sentido. En urbanismo, por ejemplo, para construir una vivienda se requieren infinidad de normas: leyes estatales, autonómicas, planes generales, planes parciales… En Europa también se tiende a regular en exceso, y eso nos resta competitividad e innovación. En lugar de adaptarnos a la innovación, como en el caso de la Inteligencia Artificial, la regulamos antes de que ocurra. No hay ninguna gran empresa de ámbito internacional en Europa con procesos vinculados a la IA, pero eso sí, tenemos un magnífico reglamento de Inteligencia Artificial.

Hay leyes que siguen en vigor y tienen más de 50 años. ¿Es esto una rara avis o hace que la norma sea más garantista?

La estabilidad normativa no es mala per se. Cambiar por cambiar normas no es algo que nos vaya hacer mejorar las leyes. Existen leyes técnicas muy bien hechas, con una factura técnica excelente, como la Ley de la Expropiación Forzosa de hace más de 70 años. Y estas leyes siguen siendo perfectamente válidas. Lo importante es evaluar la aplicación y los efectos de las normas y, si funcionan, mantenerlas. Cambiar por cambiar no es siempre necesario. Un cambio normativo genera inseguridad cuando trata de forzar las cosas o cuando quiere ir más allá.

Siempre ha sido un apasionado del ‘derecho de frontera’, la zona jurídica donde se mezcla lo público y lo privado.

Porque es donde surgen las soluciones más creativas. Es donde las relaciones entre el sector público y el sector privado son más estrechas. El urbanismo, por ejemplo, es un derecho de frontera: regula un derecho privado como la propiedad, pero con fines públicos como el trazado de calles o el acceso a servicios. O el deporte, por ejemplo, donde confluyen actividades privadas con intereses públicos. Donde se mezclan lo público y lo privado, el Derecho se vuelve más divertido.

Es la primera vez en la historia donde el mercado de la vivienda está en tensión por el exceso de demanda sobre la poca oferta. La solución se ve lejana.

De entrada, te voy a cuestionar la afirmación. Siempre tendemos a pensar que los problemas actuales son nuevos. Primero, hay que dejar de pensar que es un problema nuevo. La vivienda ha sido siempre un problema. Lo que ha faltado son consensos básicos en las políticas de vivienda. Hay que identificar las prioridades, pactar políticas básicas y luego ver cómo producir las viviendas que necesitamos. Pero sin acuerdos, siempre que el ciclo económico cambie, volveremos a hablar del problema sin resolverlo.

¿Hay mucha ideología, mucho dogma y poco conocimiento del sector inmobiliario de aquellos que nos gobiernan?

Creo que en alguna de las políticas recientes sí que hay exceso de dogmatismo. España es un país pendular, hemos pasado de creer que todo lo resolvería el mercado, y ahora estamos en un momento político en el que el Gobierno de España cree que puede arreglarlo todo con intervencionismo. El efecto se está viendo en Cataluña, donde en nueve meses de la zona de mercado tensionado, según datos de la Generalitat, se han efectuado un 20% menos de contratos. Habría que mejorar el conocimiento del mercado y tratar de buscar soluciones lo más consensuadas posible.

Desde hace años está vinculado al sector energético… que está en pleno boom. ¿Las críticas por su gran expansión en el territorio son justificadas? 

El recurso energético está donde está. Si los mecanismos de control ambiental y urbanístico funcionan correctamente, como está previsto en la norma, hay que respetarlos. Siempre habrá conflictividad social, como también los hay en otros territorios, pero eso no implica una elevada conflictividad en el territorio. Quizá hubiera sido adecuado haber planificado mejor, que hubiesen delimitado algunas zonas donde no se puedan implantar proyectos, pero en mi opinión los controles han funcionado.

Las grandes multinacionales cuando vienen a Aragón ya mencionan la palabra PIGA, como el gran instrumento que facilita el proceso administrativo para las grandes inversiones. ¿Cómo de importante es este instrumento?

La palabra PIGA no sólo la mencionan cuando vienen a Aragón, la mencionan fuera de Aragón. La importancia es muchísima y está inspirando a otras comunidades autónomas. Es un instrumento decisivo para Aragón que empezó como un debate supra municipal a principios de este siglo, cuando se impulsaron los grandes desarrollos logísticos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Permite agilizar grandes inversiones con una fuerza administrativa autonómica, que por la debilidad municipal sería más difícil. Ha sido clave para atraer las inversiones que, de otro modo, no habrían sido posibles con los procedimientos ordinarios. Es la herramienta decisiva para lograr lo que está pasando hoy en Aragón.

La celeridad y rapidez claman por su ausencia a la hora de planificar los retos del futuro, como en el caso de Red Eléctrica por desplegar redes e infraestructura en Aragón.

Red Eléctrica es un aliado. Es la entidad que tiene un mayor interés en que la red funcione de manera adecuada y que tenga la capacidad en absorber y distribuir energía. Pero es ejecutora de decisiones del Estado. Red Eléctrica propone pero el Estado es el que decide sobre las inversiones prioritarias. En la última planificación estatal, Aragón salió bien parada. El Estado debe entender que lo que pasa en Aragón tiene una dimensión nacional e incluso europea. Aragón puede convertirse en el nodo fundamental de la Europa continental con los proyectos que están llegando de centros de datos.

El Gobierno de España habla de data centers fantasma y de una burbuja de éstos debido al auge inversor en Aragón. ¿Es así?

La inmensa mayoría de los proyectos que se han anunciado en Aragón son reales. Es verdad que puede haber un "efecto llamada" que atraiga a otros centros de datos cuyo resultado puede ser incierto. Pero la clave será el acceso a la red. En el momento en que se tomen las decisiones, quienes consigan la conexión, seguirán adelante; los demás dependerán de esa conexión a la red. No lo llamaría burbuja, sino un proceso de competencia entre proyectos que se resolverá pronto.

"El auge de centros de datos en Aragón no lo llamaría burbuja, sino un proceso de competencia"

Fue el número 2 de la DGA con Javier Lambán. ¿Cómo lo definiría?

Diría que Javier Lambán es un hombre de profundas convicciones ideológicas y es un hombre coherente más allá de lo que es habitual.

¿El PSOE que conoció durante décadas ha perdido toda su esencia?

Un partido político, al final, es lo que la gente que lo milita quiere que sea. El partido que conocí, inicialmente, hace 30 años, era distinto porque la sociedad española era distinta. El actual Partido Socialista es una organización bastante diferente en estructura, objetivos y organización. Es un reflejo de lo que la sociedad le está pidiendo. Hay que asumirlo tal como es.

¿Tenemos a los representantes públicos que nos merecemos?

A veces es duro dar una respuesta a esto. No sé si nos los merecemos, pero sí que son los que hemos elegido. Quizá debamos reflexionar si los procedimientos de elección o la estructura institucional actual es la adecuada y permite elegir de manera efectiva. Pero lo que hay es lo que hemos votado. En democracia hay que asumirlo así.

"Javier Lambán es un hombre coherente más allá de lo que es habitual"

¿Está la Universidad de Zaragoza alejada de la sociedad?

No exactamente. Es la universidad con más cátedras institucionales y empresariales de España. La Universidad de Zaragoza hace un esfuerzo por conectar con el tejido empresarial e institucional. El problema está más en la rigidez normativa del sistema universitario, que dificulta adaptarse rápido a las demandas de la sociedad. La Universidad de Zaragoza necesita mayor flexibilidad en sus procedimientos y que le permita dar respuestas casi inmediatas.

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