La lista de espera para obtener el grado de discapacidad en Aragón: en mínimos históricos
Aragón alcanza los 80.423 ciudadanos con grado reconocido de discapacidad y reduce la lista de espera a 7.053, la cifra más baja desde que existen registros.
Los datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), actualizados a fecha 31 de mayo de 2025, confirman una mejora sustancial en la gestión de los expedientes relacionados con la discapacidad en la comunidad autónoma. Según estas cifras, el número de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % ha aumentado hasta las 80.423 personas, frente a las 72.336 que se registraban en diciembre de 2023. Este incremento supone una tendencia de crecimiento constante y sostenido en el reconocimiento oficial de la discapacidad en Aragón.
De forma paralela, la lista de espera para la valoración del grado de discapacidad se ha reducido significativamente, situándose en 7.053 personas, la cifra más baja desde que hay datos disponibles. Este dato contrasta con los 9.827 expedientes pendientes en diciembre de 2023, y muy especialmente con el pico máximo alcanzado en julio de 2024, cuando hasta 12.508 aragoneses aguardaban el reconocimiento de su situación.
IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO Y DIGITALIZACIÓN
La notable disminución en las cifras de espera coincide con la aplicación de planes de choque diseñados por el Gobierno de Aragón para agilizar los trámites de valoración y resolución. Desde agosto de 2024, las cifras muestran una caída constante y progresiva. Así, de las 11.189 solicitudes pendientes en octubre de ese mismo año se ha pasado a las 7.053 actuales, lo que supone una reducción del 41 % en el número de expedientes en espera desde comienzos de 2024.
Durante el año 2024 se registraron 13.052 nuevas solicitudes de valoración y, solo entre enero y mayo de 2025, otras 6.601, una cifra que pone de manifiesto el aumento sostenido en el volumen de solicitudes, con oscilaciones mensuales notables. En diciembre de 2023 se contabilizaron 931 nuevas entradas, mientras que el mes de mayo de 2025 marcó un récord con 1.535 nuevas solicitudes. A pesar de este aumento, el sistema ha logrado mantener un ritmo de respuesta ágil.
Este equilibrio se ha conseguido gracias a la mejora de la capacidad operativa de los equipos de valoración. Desde septiembre de 2024, se están resolviendo más de 1.600 expedientes mensuales, con un máximo histórico alcanzado en marzo de 2025, mes en el que se emitieron 2.309 valoraciones. En total, en 2024 se realizaron 15.505 valoraciones, a las que se suman 9.522 más en lo que llevamos de 2025, sumando un total de 25.617 solicitudes resueltas desde diciembre de 2023.
Estos resultados han sido posibles gracias a medidas clave como la implementación de un registro unificado, la mejora del aplicativo informático de gestión de expedientes y la digitalización masiva de solicitudes que permanecían pendientes desde antes del cambio de Ejecutivo.
REFUERZO DE EQUIPOS Y NUEVOS PLANES EN MARCHA
El refuerzo humano también ha sido determinante. En 2023 se incorporaron dos nuevos equipos de valoración, uno de ellos específico para triaje. En 2024 se añadieron otros dos, incluyendo uno itinerante, que ha incrementado significativamente el alcance territorial del servicio. Esta apuesta por el refuerzo de personal ha sido respaldada por sucesivas decisiones del Consejo de Gobierno, que ha autorizado la prórroga de programas temporales de refuerzo en el presente ejercicio.
Entre los más recientes, destaca el plan de choque para la reducción de listas de espera, aprobado en la última semana de mayo de 2025 y activo desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2026, con una financiación prevista de 230.123,06 euros. Este operativo busca continuar reduciendo los tiempos de espera en los próximos doce meses.
Asimismo, se ha garantizado la continuidad de los dos equipos de refuerzo contratados en junio de 2024, formados por perfiles multidisciplinares —un psiquiatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermero, trabajador social y administrativo— cuya labor ha sido determinante. Esta continuidad se asegura hasta mayo de 2026 con una inversión de 455.398,56 euros, incluyendo la posibilidad de prórroga por un año adicional, hasta un máximo de tres.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, recordó recientemente en sede parlamentaria que la digitalización inmediata de cientos de expedientes de discapacidad fue una de las primeras decisiones adoptadas por su departamento tras el relevo en el Ejecutivo en 2023. Pese a esa actuación inicial, durante meses continuaron apareciendo solicitudes pendientes que habían sido ignoradas o no contabilizadas debidamente.
