Las puertas giratorias entre Forestalia y la política: quién es quién en la diana de la Guardia Civil
El caso Forestalia tiene muchos frentes abiertos, pero uno de los que más atención está concentrando en la investigación de la Guardia Civil es el de las presuntas «puertas giratorias»: la incorporación de ex altos cargos del Gobierno de Aragón al grupo empresarial de Fernando Samper inmediatamente después de dejar sus puestos públicos.
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) lo describe en su nuevo atestado como una práctica sistemática que habría servido para reforzar los vínculos entre Forestalia y las instituciones aragonesas encargadas de tramitar sus proyectos de energía renovable. Todos los señalados son, a efectos legales, investigados. Ninguno ha sido condenado.
Para entender el mapa de relaciones que dibuja la Guardia Civil, conviene identificar a cada uno de los actores y el recorrido que los une con Forestalia.
Carlos Ontañón: del INAGA a Forestalia
Carlos Ontañón es, según el atestado, la figura de "especial relevancia" en esta parte de la investigación. Entre 2004 y 2012 dirigió el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), el organismo encargado de evaluar la idoneidad ambiental de los proyectos eólicos en Aragón.
Era, en la práctica, una de las personas con más poder sobre el destino de esos proyectos en la comunidad. Fue un alto cargo del PAR, partido que lo designó director general de Medio Natural en el primer mandato de la coalición PSOE-PAR de Marcelino Iglesias, antes de pasar a dirigir el INAGA.
En febrero de 2018, seis años después de dejar el organismo, se incorporó a Forestalia como director de Tramitación y Medio Ambiente. Su trabajo consistía en gestionar precisamente la tramitación de los expedientes de renovables ante los organismos autonómicos —entre ellos, el INAGA que él mismo había dirigido—. Hoy figura como apoderado solidario de numerosas empresas promotoras del grupo Forestalia. No ha sido detenido ni acusado formalmente.
Alfredo Boné: ex consejero de Medio Ambiente
Alfredo Boné Pueyo fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Su nombre aparece en el atestado como uno de los ex altos cargos que la UCOMA vincula a Forestalia a través de una operación concreta: a finales de 2018, junto con Ana Cristina Fraile y Luis Marruedo, vendió la sociedad Athmos Sostenibilidad a Nearco Renovables, empresa del grupo Forestalia, por cuatro millones de euros.
La UCOMA considera que ese precio "estaría muy por encima del valor real" de la sociedad, cuya actividad se basaba en contratos con "una única sociedad, casualmente del grupo Forestalia". El atestado lo señala como posible indicio de una recompensa por tratos de favor. Boné es investigado, no condenado.
Ana Cristina Fraile: ex jefa de gabinete que pasó al grupo
Ana Cristina Fraile García fue jefa de gabinete de Alfredo Boné en la Consejería de Medio Ambiente. Participó en la venta de Athmos Sostenibilidad a Forestalia y posteriormente pasó a formar parte del grupo empresarial.
Su doble condición —ex alto cargo de la consejería que supervisaba el INAGA y después integrante del grupo que tramitaba proyectos ante ese mismo organismo— es uno de los patrones que los investigadores señalan como indicativo de una relación "cuanto menos estrecha". Fraile es investigada, no condenada.
Luis Marruedo: ex viceconsejero que vendió y luego fichó
Luis Marruedo Espeja fue viceconsejero de Medio Ambiente y también director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Participó igualmente en la venta de Athmos Sostenibilidad y después se incorporó al grupo Forestalia.
El atestado lo describe como "una persona que tuvo una responsabilidad política y decisoria en materia de medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón" que acabó trabajando para "una empresa dedicada al desarrollo de proyectos relacionados con dicho medio ambiente". Marruedo es investigado, no condenado.
Jesús Lobera: el gerente del INAGA en el punto de mira
Jesús Lobera fue gerente del INAGA entre 2016 y 2023, el periodo de mayor actividad de Forestalia en la tramitación de sus proyectos eólicos en Aragón. El atestado recoge los testimonios de varios funcionarios del organismo que apuntan a un presunto "trato de favor" hacia la empresa durante su mandato.
Según esos testimonios, los informes técnicos con evaluación desfavorable para los proyectos de Forestalia "eran sistemáticamente ignorados o devueltos" por Lobera, "quien se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación técnica". Los investigadores documentan también reuniones "habituales y casi semanales" entre Lobera, Ontañón y el propio Fernando Samper.
Una funcionaria del INAGA fue apartada de su puesto, según el atestado, por no estar "alineada" con los intereses de Samper. Lobera no ha sido detenido ni imputado formalmente.
Fernando Samper: el centro del mapa
Fernando Samper, presidente y dueño del grupo Forestalia, es el eje alrededor del que giran todas estas relaciones según la investigación. Fue detenido y puesto en libertad en el marco de la causa abierta en Teruel.
El atestado de la UCOMA lo señala como presunto responsable de cohecho activo, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Es investigado, no condenado, y mantiene la presunción de inocencia.
La causa está siendo instruida por el magistrado Juan Cortés, titular del Juzgado número 1 de Teruel.
