Las Cortes de Aragón proponen exigir el certificado negativo de antecedentes penales a quienes trabajen con menores
La Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por Chunta Aragonesista (CHA) con un amplio respaldo parlamentario. Todos los grupos han votado a favor, excepto VOX, que ha optado por la abstención. El texto tiene como objetivo instar al Gobierno a solicitar la modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, con el fin de exigir un certificado negativo de antecedentes penales por maltrato familiar a todas aquellas personas que aspiren a trabajar con menores de edad.
La propuesta busca reforzar las garantías de seguridad en entornos donde conviven adultos y menores, subrayando la importancia de evitar cualquier situación que pudiera suponer un riesgo para los niños y adolescentes. Sin embargo, los dos últimos puntos de la iniciativa fueron rechazados con el voto en contra del Partido Popular (PP) y VOX, quienes decidieron no respaldar en su totalidad la propuesta.
La encargada de defender la iniciativa ha sido Isabel Lasobras, diputada de CHA, quien ha argumentado que “una persona condenada por maltrato presenta antecedentes de comportamientos que han causado daños a otras”, lo que, a su juicio, “condiciona su capacidad para trabajar con menores de edad”. Según Lasobras, no se trata de limitar derechos, sino de priorizar el bienestar y la protección de los más vulnerables.
Durante el debate, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, presentó una enmienda al texto original, aunque anunció igualmente su voto favorable, destacando que “ya se está desarrollando lo que se pide” y que “es bueno que todos los grupos se posicionen sobre esta materia”. Para Sanz, este tipo de propuestas deben ser vistas como una oportunidad para reafirmar un compromiso colectivo con la infancia.
Por parte del Partido Popular, Silvia Casas solicitó que se votaran los puntos de la iniciativa por separado. Aunque aseguró que el PP considera la protección de la infancia como un objetivo prioritario, justificó su rechazo parcial afirmando que “es un tema muy importante como para reducirlo a un simple acuerdo parlamentario, debe ser una cuestión de Estado”.
La diputada socialista Pilimar Zamora subrayó la “importancia de la prevención y protección de la infancia en todos los ámbitos de la vida”, con especial atención a los entornos educativos, tanto formales como informales. Desde el PSOE, apoyarán la propuesta con la intención de “revisar la ley y todas las normas relativas a esta cuestión”.
Desde VOX, el parlamentario David Arranz justificó su abstención apelando a la “neutralidad ideológica del Estado en lo relativo a la educación de la infancia y la adolescencia”. A pesar de ello, se mostró crítico con el texto al considerar que “no tiene sentido en su planteamiento actual”.
Finalmente, la diputada de Teruel Existe, Pilar Buj, se mostró contundente al afirmar que “es fundamental impedir que personas con antecedentes penales por maltrato familiar puedan desempeñar labores docentes o cualquier otra actividad profesional con menores”. En su intervención, subrayó la necesidad de modificar la normativa estatal para garantizar un entorno seguro para la infancia, lo que, según dijo, debe ser una prioridad para cualquier gobierno responsable.
