El caso del profesor condenado por maltrato que da clase en el Instituto Goya de Zaragoza: piden su cese
El Instituto Goya de Zaragoza se ha convertido en el epicentro de una ola de indignación tras la protesta organizada por un grupo de alumnas, familias y algunos profesores, que exigen la destitución de Luis Antonio Irzo Bueno, exconcejal del Partido Popular (PP) de Huesca, condenado en 2019 a siete años de prisión por el maltrato continuado a su exmujer y sus tres hijos.
"Maltratadores, fuera de los coles": el grito de las alumnas
La indignación es tal que estos días una gran parte de los alumnos del Instituto Goya acogió una sentada de protesta, en la que decenas de estudiantes alzaron la voz contra la impunidad que, en su opinión, permite que una persona con un historial de violencia familiar extrema pueda trabajar como docente en un centro educativo.
Además, la manifestación de este lunes en la puerta del instituto, a la que se sumaron familias, profesores y otros miembros de la comunidad, fue una condena abierta a la continuidad de Irzo como profesor. "No entendemos cómo alguien que ha ejercido una violencia tan brutal contra su propia familia puede ahora impartir clases a nuestros hijos", manifestó una madre durante la protesta.
La historia del exconcejal y su condena
Luis Antonio Irzo, exconcejal de Nuevas Tecnologías y Desarrollo en Huesca durante la legislatura 2011-2015, fue detenido en 2016 y posteriormente condenado en 2019 tras el testimonio desgarrador de su exesposa, Paloma Delgado. La sentencia detalló un escalofriante historial de abusos, que incluyó vejaciones, insultos y agresiones tanto a su mujer como a sus tres hijos.
El tribunal describió cómo Irzo sometía a los menores a un clima de terror, con golpes, insultos y castigos desproporcionados. En algunas ocasiones, rompía sus juguetes a patadas, los agarraba por el cuello o el pelo y aplicaba castigos físicos sin motivo alguno.
A pesar de esta condena por maltrato continuado, Irzo ha continuado trabajando como profesor, lo que ha generado un profundo malestar entre las familias y la comunidad educativa del instituto.
Reclamaciones para un cambio legislativo
Durante la protesta, se recogieron firmas para una campaña en change.org, que ya ha alcanzado más de 35.000 adhesiones, pidiendo una reforma del artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Las madres y padres que lideran esta iniciativa solicitan que, además del Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales, se exija también un certificado que contemple otras condenas por violencia, como el maltrato familiar, antes de permitir a un profesional trabajar con menores.
La queja formal ha sido trasladada al Justicia de Aragón, quien se ha comprometido a elevarla al Defensor del Pueblo. "Esperamos que esta petición llegue al Congreso y que se reforme la ley para que casos como este no se repitan", señaló una de las madres implicadas en la campaña.
El Gobierno de Aragón, a través de su Consejería de Educación, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de Irzo. Mientras tanto, los organizadores de la protesta han advertido que, si no se toman medidas inmediatas, seguirán convocando manifestaciones y explorando vías legales para asegurar que una persona con antecedentes de violencia no pueda estar al frente de un aula.
"Es una contradicción que se exijan certificados a los profesores para garantizar la seguridad de los menores, pero no se contemple en esos certificados a quienes han sido condenados por violencia familiar", subraya una de las portavoces del movimiento.
Las familias del Instituto Goya están decididas a no dejar que este asunto pase desapercibido. Para ellas, la presencia de Irzo en las aulas representa una brecha en el sistema legal y educativo que pone en riesgo la integridad y la confianza de los estudiantes en sus profesores.
