Estos son los nuevos protocolos y la normativa actualizada contra el acoso escolar en Aragón
La normativa aragonesa sobre convivencia escolar se encuentra en proceso de actualización con el propósito de reforzar la prevención y la actuación frente a posibles casos de acoso en las aulas. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha impulsado una modificación de la Orden de 2018 que regula este ámbito, con la intención de ofrecer procedimientos más claros, rápidos y homogéneos en todos los centros educativos de la comunidad, independientemente de su titularidad.
Esta revisión normativa busca perfeccionar el marco existente y dotarlo de mayor precisión, especialmente en lo relativo a los protocolos de intervención. Según ha explicado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, la actualización se plantea como una respuesta más ágil y garantista ante situaciones que alteran la convivencia escolar, en un contexto en el que el uso de las redes sociales incrementa la complejidad de algunos casos y amplifica sus consecuencias entre el alumnado implicado.
Una de las principales novedades es la ampliación del ámbito de aplicación de la norma. A partir de su entrada en vigor, las disposiciones relativas a la prevención y actuación frente al acoso escolar serán de obligado cumplimiento en todos los centros educativos de Aragón, tanto públicos como privados. El objetivo es asegurar una respuesta coordinada y eficaz en cualquier situación que lo requiera, siempre respetando la autonomía de los centros privados para establecer su régimen interno y sus normas de convivencia.
El texto incorpora también un nuevo capítulo que regula de manera explícita los protocolos de actuación. Con ello se pretende reforzar el carácter vinculante de estos procedimientos y garantizar que se activen de forma inmediata cuando exista un indicio razonable de acoso. Los equipos directivos estarán obligados a poner en marcha el protocolo sin demora, asegurando la intervención de la Inspección Educativa y de la Red Integrada de Orientación.
La consejera ha subrayado que la activación temprana constituye un elemento esencial para proteger al alumnado y proporcionar a los centros un marco de intervención riguroso. La normativa detalla qué actuaciones deben llevarse a cabo, definiendo previamente qué se considera acoso escolar y estableciendo la obligación de actuar de manera rápida, coordinada y confidencial. Entre las exigencias figuran la protección inmediata de la posible víctima, la investigación exhaustiva de los hechos y la adopción de medidas educativas, restaurativas o disciplinarias según corresponda.
El proyecto de modificación incluye además previsiones relacionadas con la cooperación entre instituciones. Se garantiza la coordinación con servicios sociales, sanitarios o de seguridad cuando sea necesario, y se refuerzan los planes de convivencia con acciones de sensibilización y formación continua para el personal educativo. Asimismo, se prevé el desarrollo de campañas institucionales, nuevos recursos pedagógicos y mecanismos periódicos de evaluación para comprobar la eficacia de las actuaciones y promover mejoras constantes.
CUATRO FASES
Otro de los aspectos destacados es la reorganización de los anexos que deben cumplimentar los centros en caso de sospecha o constatación de acoso. Se pasa de diez documentos a cuatro, correspondientes a diferentes fases del procedimiento. La primera contempla la apertura automática del protocolo ante la mínima sospecha, la aplicación inmediata de medidas de protección y la comunicación a familias e Inspección en un plazo máximo de 48 horas.
La segunda fase se centra en la recogida de información por la comisión de valoración, que dispone de hasta 15 días naturales para realizar entrevistas, analizar los hechos y tomar decisiones, un plazo inferior al mes que se contemplaba anteriormente.
La tercera fase incluye la propuesta de medidas y el plan de intervención, que pueden implicar actuaciones con la víctima, el presunto agresor y los alumnos testigos, así como posibles derivaciones a servicios especializados.
La cuarta fase consiste en el seguimiento del caso durante el mes siguiente y hasta el final de curso, para evaluar la idoneidad de las medidas adoptadas y determinar si procede cerrar el protocolo o mantenerlo activo.
Paralelamente, el Departamento trabaja en la digitalización del procedimiento mediante un tramitador electrónico que garantizará la protección de datos, la comunicación inmediata con el Equipo de Convivencia y la coordinación con otros servicios cuando sea necesario. La consejera ha tratado estos avances con asociaciones de equipos directivos, organizaciones familiares, la Justicia de Aragón y la Fiscalía Superior, a quienes se solicitará colaboración para continuar perfeccionando los protocolos y consolidar un entorno educativo seguro para todo el alumnado.
