Más del 90 % de aragoneses teme recortes en servicios por menor financiación autonómica
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dado a conocer los resultados de la encuesta titulada 'La opinión de los aragoneses sobre la financiación autonómica', elaborada con la participación de 2.400 personas de la comunidad. Los datos reflejan un amplio consenso entre los encuestados acerca de las consecuencias que tendría una reducción en la financiación autonómica, ya que más del 90 % considera que ello derivaría en un deterioro de los servicios públicos esenciales, principalmente la sanidad y la educación.
Respecto a la percepción que tienen los aragoneses sobre el reciente acuerdo de financiación firmado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, el 52 % cree que dicho pacto afecta negativamente a los intereses de Aragón y, en general, al conjunto de España. Por otro lado, un 41 % no percibe que este acuerdo suponga un perjuicio. Estas opiniones se mantienen similares cuando se cuestiona a los participantes sobre si el acuerdo genera una división entre ciudadanos de primera y segunda categoría.
En cuanto a la valoración que se hace de la defensa que realiza el actual Gobierno de Aragón sobre los intereses de la comunidad, un 56,8 % la califica positivamente, incluyendo un 34 % que opina que esta defensa es muy buena y un 22 % que la considera buena. Sin embargo, un 10 % de los encuestados manifiesta una opinión negativa, calificándola como mala o muy mala, mientras que un 20 % la considera regular.
La importancia que los aragoneses otorgan a la financiación del Estado hacia las comunidades autónomas también es significativa. Para la mitad de los participantes, esta financiación es muy importante, mientras que un 28 % la considera importante y un 5 % opina que tiene poca relevancia.
Por último, la encuesta aborda la postura de los ciudadanos sobre la necesidad de que Aragón defienda sus intereses frente al acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Más del 44 % responde afirmativamente, apoyando la utilización de todos los medios democráticos, incluidos los judiciales. En contraposición, un 37 % rechaza esta postura. Dentro de los datos demográficos, se observa que las mujeres reducen en ocho puntos el porcentaje de apoyo a esta defensa, y los mayores de 65 años presentan un alto grado de indecisión, con un 43 % sin una opinión clara, lo que influye en los resultados globales.
