STEA lleva a los tribunales el Bachillerato concertado: "Es contrario a la Ley e innecesario"
El conflicto en torno a la concertación del Bachillerato en Aragón suma un nuevo capítulo. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha iniciado una ofensiva judicial contra la decisión del Gobierno de Aragón, de implantar este modelo a partir del próximo curso, tal y como han anunciado este martes. El sindicato confía en que su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ya admitido a trámite, pueda frenar la medida, y no descarta solicitar además su paralización cautelar.
La iniciativa judicial se produce en paralelo a una estrategia de presión en la calle. STEA ha anunciado que impulsará movilizaciones "de todas las formas posibles", incluyendo la posibilidad de convocar una huelga en el sector educativo. El sindicato considera que la concertación del Bachillerato supone un cambio estructural de gran calado en el sistema educativo aragonés, con consecuencias directas tanto en la red pública como en el profesorado.
Desde la organización sindical sostienen que la medida es "contraria a la Ley e innecesaria". Argumentan que la normativa vigente establece que la gratuidad de la enseñanza obligatoria debe garantizarse prioritariamente a través de la red pública, recurriendo a centros concertados solo cuando la demanda supera la oferta existente. En este contexto, recuerdan que el Bachillerato no es una etapa obligatoria, lo que, a su juicio, refuerza la falta de justificación de ampliar la financiación pública a centros privados.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por STEA es la existencia de plazas vacantes en la red pública. Según los datos aportados por el sindicato, los institutos aragoneses disponen de capacidad para acoger a unos 2.500 alumnos más en Bachillerato. Solo en Zaragoza capital, indican, más de 700 plazas han quedado sin cubrir durante el presente curso. Este escenario, subrayan, cuestiona la necesidad de destinar fondos públicos a financiar plazas en centros privados concertados.
El sindicato interpreta esta decisión como una "transferencia de recursos públicos hacia entidades privadas" y alerta de un posible impacto negativo en la enseñanza pública. Entre las consecuencias que anticipan se encuentra una reducción de plantillas y de recursos humanos en los centros públicos, derivada de una eventual disminución de alumnado si parte de la demanda se desvía hacia la red concertada.
Además del frente judicial y las movilizaciones, STEA plantea una alternativa en términos de política educativa. Reclama que los recursos previstos para la concertación del Bachillerato se destinen a reforzar la red pública. En concreto, propone invertir en la mejora de infraestructuras educativas, la reducción de ratios en las aulas, la estabilización del profesorado interino y la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes.
Desde su perspectiva, estas medidas permitirían consolidar un sistema educativo público capaz de garantizar la calidad y la equidad. El sindicato advierte de que el modelo de concertación puede acentuar desigualdades, al considerar que en parte de la enseñanza privada concertada el nivel de renta de las familias influye en los resultados académicos.
