El escenario que maneja la DGA para 2026: ingresar más de 700 millones por tasas e impuestos
A pocos días de las Fiestas del Pilar y sin que el techo de gasto haya llegado aún a las Cortes, el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, detalló el marco tributario con el que el Departamento de Hacienda prepara el Presupuesto de Aragón 2026.
El cuadro sigue siendo provisional a la espera de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera fije la regla fiscal y de que el Consejo de Gobierno apruebe el límite de gasto no financiero, pero ya dibuja un escenario más expansivo que el del año anterior, con más ingresos del sistema de financiación, un buen pulso de la vivienda y actos jurídicos al alza, junto a un retroceso en medios de transporte por el tirón del vehículo eléctrico y ajustes en Patrimonio y Sucesiones derivados de cambios normativos.
Ingresos del sistema y recaudación propia
Pozuelo avanzó tres grandes pilares de ingresos. En primer lugar, las entregas a cuenta para 2026 ascienden de forma provisional a 5.267 millones de euros, lo que supone un 6,5% más según la comunicación estatal de junio. En segundo lugar, la liquidación del sistema de financiación de 2024 aportará 214 millones adicionales que se ingresarán en 2026. Y, en tercer lugar, la recaudación propia neta —tasas e impuestos cedidos— se moverá **entre 715 y 740 millones de euros. Todo ello, recalcó, podrá ajustarse cuando se cierre el techo de gasto, pero refleja una inercia favorable frente al ejercicio precedente.
Impuestos: vivienda al alza, vehículos a la baja
En la vivienda usada, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) registra un 7% más de operaciones y un 15% más de recaudación, señal de dinamismo pese a tipos hipotecarios aún elevados. En Actos Jurídicos Documentados (AJD), el incremento obedece sobre todo a más constitución de hipotecas, con un 24,5% de avance en actividad y un 28% en ingresos.
El contraste llega con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, donde la recaudación cae un 20% a pesar de matricularse más vehículos, efecto de las exenciones y bonificaciones ambientales para eléctricos e híbridos. En el Impuesto sobre el Patrimonio, la campaña 2025 (que liquida 2024) refleja un 8% menos de recaudación y un tercio menos de contribuyentes —de 15.000 a 10.000— tras los cambios normativos.
En Sucesiones y Donaciones, la ampliación de bonificaciones al Grupo II prevista para 2026 conllevará un impacto aproximado de 30 millones. Y en el impuesto sobre el margen y comisiones de entidades financieras (con punto de conexión cedido en proporción al PIB), la previsión ronda los 60 millones.
Fiscalidad ambiental: estimaciones y cautelas
Aragón prevé ingresos en el impuesto por daños medioambientales vinculados a instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Las estimaciones sitúan entre 15 y 16 millones la recaudación de la eólica y en torno a 6 millones la de fotovoltaica. Pozuelo recordó, no obstante, dos condicionantes: la tarifa es modulable y el tributo se ingresa mediante pagos a cuenta, lo que introduce cierta variabilidad temporal en la caja efectiva.
Beneficios fiscales: familia, vivienda y despoblación
El marco de beneficios fiscales se centra en familias, colectivos vulnerables y medio rural, con deducciones en IRPF por guardería, libros y material escolar, clases de refuerzo y protección a familias —general, numerosa y monoparental—; mejoras para dependientes y cuidadores tanto en IRPF como en Patrimonio, además de ventajas en Sucesiones y Donaciones; y incentivos a la vivienda habitual vinculados al reto demográfico, como reducciones por comprar en municipios de menos de 3.000 habitantes, aumento de la deducción de AJD para familias numerosas en obra nueva o segunda mano, y rebajas en ITP y AJD para jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.
Según Tributos, este paquete social tendrá impacto relevante pero acotado: no se espera superar los 50 millones de merma recaudatoria, con Sucesiones y Donaciones entre las figuras de mayor efecto.
A la espera del techo de gasto
La hoja de ruta presupuestaria depende ahora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fijará objetivos de déficit, senda de deuda y regla de gasto. Con esa “llave”, el Ejecutivo autonómico elevará el techo de gasto al Consejo de Gobierno, registrará el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 en las Cortes y activará el debate parlamentario.
En Hacienda confían en que, si el CPFF se convoca tras el Pilar, habrá margen para registrar las cuentas en noviembre y aprobarlas antes de fin de año, evitando una prórroga. Entre tanto, los números ya conocidos anticipan mayor espacio fiscal que en 2025 y una foto tributaria marcada por el empuje de la vivienda, la transición ecológica en los ingresos de transporte, y el efecto de alivios fiscales selectivos.
