Consumo inicia sanciones a comercios que rechazan pagos en efectivo
Entre 2024 y lo que va de 2025, se han resuelto ya cinco expedientes por este motivo.
El Ministerio de Consumo ha comenzado a aplicar sanciones a establecimientos que no aceptan efectivo como forma de pago, una práctica contraria a la normativa vigente salvo en operaciones que superen ciertos límites establecidos para combatir el fraude fiscal. Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, entre los años 2024 y 2025 ya se han resuelto cinco expedientes por este tipo de infracción.
La dirección encabezada por Pablo Bustinduy no ha centrado su actividad sancionadora exclusivamente en plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, sino que también ha ampliado su campo de acción a negocios físicos que operan de cara al público y que incumplen la obligación legal de aceptar dinero en metálico.
En el año 2024, Consumo concluyó tres procedimientos sancionadores por rechazar pagos en efectivo. A estos se sumaron otros cinco expedientes donde el incumplimiento se acompañaba de otras prácticas ilícitas, como cláusulas contractuales abusivas o actuaciones comerciales consideradas desleales. En lo que va de 2025, ya se han dictado dos nuevas sanciones relacionadas directamente con la negativa a aceptar efectivo, además de otras por deficiencias en la atención al cliente o falta de transparencia.
La normativa actual establece con claridad que cualquier establecimiento comercial debe aceptar el efectivo como medio de pago, siempre que el importe no supere los límites fijados para evitar el blanqueo de capitales. Las sanciones por el incumplimiento de esta obligación pueden variar desde los 150 hasta los 10.000 euros en casos leves, y alcanzar los 100.000 euros en los más graves.
Aunque la legislación sigue exigiendo la aceptación del dinero en metálico, el crecimiento de los pagos digitales ha modificado los hábitos de consumo. Según las últimas cifras publicadas por el Banco de España, las operaciones con instrumentos distintos al efectivo crecieron un 10,5 % en el segundo semestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. El 65,5 % de estas transacciones se realizaron con tarjeta, alcanzando los 6.133 millones de operaciones. A la vez, el número de tarjetas en circulación aumentó un 12,4 %, llegando a los 114 millones en total, lo que equivale a unas 2,2 tarjetas por habitante. Sin embargo, el número de cajeros automáticos descendió un 1,6 % en ese mismo periodo.
Un informe de Nuek, la división de pagos de Minsait, revela que solo el 20 % de los consumidores en España prefiere el efectivo como forma habitual de pago. A pesar de este descenso, el país se mantiene por encima de la media europea en el uso de metálico. En comparación, en el Reino Unido solo el 10 % de los consumidores se decanta por billetes y monedas, y en Portugal ese porcentaje se sitúa en un 8 %. No obstante, el informe también destaca que un 48 % de los usuarios españoles ha tenido dificultades para utilizar su método de pago preferido, ya sea por la negativa de algunos comercios a aceptar tarjeta o, por el contrario, efectivo.
En cuanto a las denuncias recibidas por prácticas contrarias a la normativa, la organización más activa en este ámbito ha sido Plataforma Denaria. Esta entidad ha registrado hasta el momento 94 denuncias contra establecimientos que rechazan el pago en metálico, siendo aproximadamente la mitad de ellas dirigidas a dependencias de la propia Administración Pública.
Por otro lado, algunos de los expedientes sancionadores iniciados por Consumo han llegado a instancias judiciales tras ser recurridos. Es el caso de varias aerolíneas de bajo coste —entre ellas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— que impugnaron las sanciones recibidas en noviembre de 2024 por prácticas como cobrar por el equipaje de mano o exigir pagos adicionales por asignar asientos contiguos. Estos recursos, presentados ante la Audiencia Nacional, han provocado la suspensión temporal de algunas multas mediante medidas cautelares. Actualmente, un sexto expediente contra otra compañía aérea se encuentra en fase administrativa, con posibilidad de terminar también en la vía judicial.
Hasta la fecha, el Ministerio de Consumo no ha sufrido reveses judiciales en estos procedimientos. De las 30 sanciones impuestas, 26 han sido recurridas y, en 17 de los casos resueltos, el resultado ha sido favorable a la administración. Las diez restantes continúan pendientes de resolución.
