La APIF solicita al Supremo la suspensión cautelar del fiscal general cuando se dicte la apertura de juicio oral
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en el momento en que se dicte el auto de apertura de juicio oral. Según argumenta la asociación, esta medida es necesaria para preservar la integridad del proceso penal, dado que, de mantenerse en el cargo, García Ortiz sería el superior jerárquico del fiscal encargado de intervenir en el juicio.
La acusación sostiene que dicha circunstancia generaría una situación de incompatibilidad que pondría en peligro la imparcialidad de la actuación del Ministerio Fiscal. En este sentido, el documento remarca que el fiscal del caso estaría en una posición comprometida al tener que actuar bajo la autoridad directa del acusado, lo que —a juicio de la APIF— podría afectar a la objetividad en la promoción de la acción de la justicia.
En su escrito, la asociación califica de "imprescindible" la suspensión de García Ortiz para evitar una “distorsión inaceptable” en el proceso. Argumenta que permitir su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado en esa fase procesal implicaría una vulneración de los principios constitucionales que rigen la actuación del Ministerio Fiscal.
Asimismo, la APIF considera que la decisión sobre la suspensión no puede quedar en manos de otros miembros del Ministerio Fiscal, ya que el propio García Ortiz tendría un interés personal en la resolución del asunto. Por ello, afirma que el fiscal general debe abstenerse de cualquier participación en dicha decisión y que corresponde al Tribunal Supremo adoptar la medida.
La petición llega tras la confirmación del procesamiento de García Ortiz por parte de la Sala de Apelación del Supremo. Este órgano respaldó este martes la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado, quien procesó al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. La resolución fue adoptada por mayoría de los magistrados de la Sala, con Andrés Palomo emitiendo un voto particular en contra.
Por otro lado, la Sala estimó de forma unánime el recurso presentado por la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y acordó el archivo de la causa respecto a ella. Los jueces consideraron que su actuación se enmarcó dentro de sus deberes jerárquicos, al informar a García Ortiz sobre la investigación en curso relativa a González Amador.
La acusación popular mantiene su solicitud de una condena de seis años de prisión y doce de inhabilitación para García Ortiz. Le atribuyen un delito continuado de revelación de secretos en concurso con uno de prevaricación. Según sostiene la APIF, resulta incongruente que un instructor tenga potestad para adoptar medidas cautelares como la prisión preventiva o el embargo de bienes, pero no para suspender del cargo a un funcionario ya procesado, como es el caso del fiscal general.
La decisión definitiva sobre la petición de suspensión recaerá ahora en el Tribunal Supremo, al tratarse del órgano competente para resolver sobre esta medida respecto de un alto cargo aforado como es el fiscal general del Estado.
