Hacienda ve un posible fraude en contratos alentados por Begoña Gómez a favor de Carlos Barrabés
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha remitido a la Fiscalía Europea un informe en el que aprecia posible fraude de ley y actuaciones discriminatorias en la adjudicación de dos contratos de Red.es a una UTE formada por Innova Next —empresa del empresario Carlos Barrabés— y The Valley Digital, por un importe conjunto de 8,3 millones de euros. En ambos expedientes obran cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Según el documento, la IGAE cuestiona el procedimiento de análisis de ofertas, el sistema de puntuación y la confección de los pliegos. En particular, señala como posible fraude de ley que la mesa de contratación y no un comité de expertos valorase criterios subjetivos.
Además, considera arbitrario y discriminatorio que se computasen acuerdos con terceros y “cartas de apoyo” —no previstas en los pliegos—, por entender que ese aspecto adulteró la valoración técnica y perjudicó a otros licitadores cuya puntuación habría quedado “injusta e ilegalmente” reducida.
Hacienda pone el foco en Barrabés
El informe de Hacienda llega en paralelo a nuevas diligencias de la UCO de la Guardia Civil, que atribuye la adjudicación a la UTE de Barrabés a que obtuvo la mayor puntuación en la evaluación, extremo que la IGAE pide revisar por los criterios aplicados. La Fiscalía Europea mantiene abierta una investigación sobre varios contratos vinculados a fondos europeos en los que mediaron recomendaciones de Gómez, piezas que en su día estuvieron integradas en la causa del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. En ese procedimiento, Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés siguen investigados (situación procesal de imputados), a la espera de la evolución de las pesquisas.
Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital, no ha detallado por ahora si emprenderá actuaciones internas sobre la mesa de contratación o la revisión de los pliegos. Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que los informes de la IGAE tienen carácter fiscalizador y no sustituyen la valoración judicial, pero pueden derivar en anulaciones de adjudicaciones, expedientes disciplinarios o acciones de reintegro si se confirma que los criterios empleados no se ajustaron a las bases.
En el plano penal, la eventual acreditación de trato de favor a partir de elementos no previstos en los pliegos abriría la puerta a valorar delitos contra la Administración pública (como prevaricación o tráfico de influencias) y fraude en la contratación, extremos que, en todo caso, corresponde delimitar a la Fiscalía Europea y a los juzgados competentes. La mención al posible fraude de ley se centra en la ingeniería procedimental: utilizar órganos y criterios distintos a los previstos para alcanzar un resultado que, de otro modo, no se obtendría.
La Fiscalía Europea y la decisión final
La remisión del informe a la Fiscalía Europea obedece a la naturaleza de los fondos implicados y al marco de control comunitario. Este Ministerio Público supranacional puede coordinar diligencias, requerir documentación adicional y, llegado el caso, formular acusación ante los tribunales españoles cuando aprecie perjuicio a los intereses financieros de la UE.
A la espera de pronunciamientos oficiales de los afectados, el caso añade presión sobre los mecanismos de integridad en la contratación pública y reabre el debate sobre el uso de cartas de recomendación en procedimientos concurrenciales.
El foco inmediato estará en si Red.es rehace la valoración, reformula pliegos futuros para blindar la objetividad y si la Fiscalía Europea transforma estas apreciaciones de la IGAE en acciones concretas. Mientras tanto, Gómez y Barrabés mantienen su condición de investigados y la presunción de inocencia rige hasta que exista resolución judicial firme.
