Editorial | El caso Forestalia y la autocrítica que no llega
Hay una escena que se repite estos días con demasiada comodidad. Dirigentes del PSOE y de Chunta Aragonesista comparecen ante los micrófonos para exigir transparencia, pedir comisiones de investigación y prometer que irán hasta el final en el caso Forestalia. El gesto es impecable. El problema es lo que queda fuera del encuadre.
Porque mientras Pilar Alegría exige "absoluta transparencia" al Gobierno de Aragón y CHA propone investigar a la empresa, la investigación de la Guardia Civil apunta directamente a los años en que ambos partidos gobernaban. Entre 2015 y 2023, el cuatripartito de Javier Lambán presidió el Ejecutivo aragonés. Fue entonces cuando se dispararon las autorizaciones a Forestalia.
Fue entonces cuando el Inaga, bajo la dirección de Jesús Lobera —detenido y acusado de prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal— firmó prácticamente todo lo que le pusieron por delante. Solo tres informes desfavorables en años de avalancha renovable. Solo tres.
CHA no era un socio menor en aquel Gobierno. La Consejería de Vertebración del Territorio, responsable de la ordenación del territorio, era suya. La dirigía José Luis Soro. Ante eso, CHA propone ahora una comisión de investigación. La misma CHA que, en la pasada legislatura, avaló las conclusiones de la comisión anterior sobre renovables, aquella que sus propios aliados de hoy califican de "fraude" y "patada para adelante". La memoria es selectiva.
El PSOE no sale mejor parado. Alegría compareció este jueves con el tono de quien pide cuentas, no de quien las debe. Reclamó los expedientes del Gobierno de Aragón, anunció su apoyo a la comisión y prometió ser "absolutamente contundente" si el caso afecta a cargos de su partido. Bien. Pero cuando la prensa le preguntó por su presencia en el Consejo de Ministros de julio de 2024, cuando ya existían dudas sobre Forestalia y el Clúster del Maestrazgo fue aprobado con su participación como miembro del Ejecutivo, la respuesta fue un ejercicio de equilibrismo: "En los Consejos de Ministros no se vota nada, las decisiones son colegiadas. Cuando llegan propuestas lo hacen porque tienen todos los checks, todos los informes técnicos positivos".
Es un argumento técnicamente defendible. Políticamente, es insuficiente. Los mismos informes técnicos cuya fiabilidad está ahora bajo sospecha judicial son los que Alegría invoca para justificar su aval. Y el MITECO del propio gobierno en el que ella permaneció varios años llegó a aprobar proyectos de Forestalia pese a las denuncias de plataformas y vecinos que llevaban años alertando de irregularidades. Eso también requiere autocrítica, no solo auditorías internas que el propio ministerio se encarga de reclamar.
La propuesta de una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón no es mala idea en sí misma. Lo sería si se hace en serio, con sesiones públicas, con capacidad real de citar a todos los cargos implicados —del Inaga, de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio— independientemente del partido al que pertenezcan.
La pregunta es si PSOE y CHA están dispuestos a que esa comisión cite a sus propios excargos, a que examine sus propias decisiones, a que no se convierta en lo que ya fue una vez: un escenario para gestionar el relato y guardar la ropa.
Aragón merece saber la verdad sobre Forestalia. Toda la verdad. La que podría apuntar al actual gobierno de Jorge Azcón y la que apunta al PSOE y CHA durante sus años de gobierno. La autocrítica, cuando se pide a gritos al adversario pero se esquiva en casa, no es autocrítica. Es táctica.
