Opinión | El problema que nadie nombra

Más del 25% de los niños aragoneses tienen al menos un progenitor extranjero. La población extranjera ha aumentado más de un 400% desde 2002.  Aragón registró el mayor crecimiento poblacional de España en 2025, casi exclusivamente por inmigración. 

Estas cifras se venden como éxito demográfico, como prueba de que Aragón es atractiva. Pero nadie pregunta a los aragoneses de a pie si querían este cambio tan radical en apenas dos décadas, nadie les consultó si estaban dispuestos a asumir las consecuencias.

Porque las consecuencias están ahí, aunque los políticos prefieran mirar hacia otro lado. Lo que pasó hace apenas una semana en San José no es un caso aislado, por mucho que algunos intenten venderlo así. Una pelea multitudinaria con entre 15 y 20 personas, tres heridos, un menor de 16 años con el pulmón perforado operado de urgencia. Un día antes, otro vecino del barrio recibió una paliza por recriminar a un grupo de jóvenes que vandalizaban bicis públicas. Los detenidos, menores de 14 y 15 años, algunos de origen magrebí y sudamericano según fuentes policiales.

¿Es esto lo que queremos para nuestros barrios? San José, Delicias, Torrero. Zonas donde los vecinos ya no se sienten seguros, donde muchos ancianos tienen miedo de salir por la tarde, donde la convivencia es cada vez más tensa. Pero si un vecino se queja, se le acusa de racista. Si alguien señala que hay un problema con ciertos colectivos, automáticamente es xenófobo. El buenismo progresista ha conseguido que señalar problemas reales sea un tabú.

Los datos son demoledores y nadie habla de ellos, los niños de segunda generación tienen mucho más riesgo de pobreza que los niños nativos. ¿Qué hacemos? Traer más. La delincuencia juvenil en barrios con alta concentración de población extranjera se dispara. ¿Y qué hacemos? Mirar hacia otro lado y hablar de integración mientras los vecinos sufren las consecuencias.

El Gobierno de Aragón atendió en 2024 a 1804 menores, entre españoles, extranjeros y no acompañados. El pulso con el Gobierno sobre el reparto de menores migrantes es una farsa, los reparten sin criterio y las comunidades autónomas los tienen que acoger aunque no puedan atenderlos adecuadamente. Mientras tanto, hay listas de espera para centros de día para nuestros mayores, pero los menores extranjeros tienen plazas garantizadas con todo pagado. ¿Esto es justo? ¿Esto es lo que queremos?

Nos dicen que la inmigración es necesaria para la economía, que aportan 500 millones al saldo fiscal. Pero nadie cuenta el coste real: el gasto en centros de acogida, en servicios sociales desbordados, en reforzar la policía en barrios conflictivos, en mediadores interculturales, en traductores, en clases de español. Nadie cuenta el coste de la inseguridad, del deterioro de barrios enteros, de la fuga de población autóctona que se marcha porque ya no reconoce su propio vecindario.

Nos dicen que sin inmigración el sistema de pensiones colapsaría. Pero traer gente que cotiza poco, que trabaja en empleos precarios, que tiene familias numerosas que requieren servicios sociales no es una solución sostenible, es patear el problema hacia adelante. Y mientras tanto, nuestros jóvenes se marchan porque no encuentran trabajo mientras otros vienen en patera y encuentran ayudas que a ellos se les niegan.

La clave no está en las "reglas claras" de las que tanto hablan, la clave está en el control. Control de fronteras serio, control de quién entra y por qué, control de quién se queda. Y, sobre todo, tolerancia cero con quien delinque. Un delito, expulsión. No segundas oportunidades, no jueces progresistas que les dan otra oportunidad. Quien viene aquí y comete un delito, fuera. Sin excepciones.

¿Es eso racista? No, es sentido común. Todos los países normales controlan sus fronteras y deciden quién entra. Solo en España parece que tener una política migratoria seria es de fascistas. Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda tienen políticas migratorias estrictas y nadie les llama racistas. Pero si España lo intenta, somos la nueva Alemania nazi según la izquierda.

La integración exigente de la que tanto hablan es un cuento, la realidad es que hay guetos. Hay barrios enteros donde ya no se habla español, hay colegios donde el 80% de los niños son extranjeros y el nivel educativo se hunde porque los profesores tienen que dedicar el tiempo a enseñar el idioma en lugar de dar clase. Y las familias españolas que pueden se van a otros colegios. ¿Eso es integración?

Durante siglos Aragón recibió inmigración, sí. Pero en goteo, asimilable, controlada. Los franceses que venían en el siglo XVII se integraban porque no había más remedio: o te adaptabas o te ibas. No había ayudas, no había mediadores culturales, no había ONGs subvencionadas. Venías a trabajar y te integrabas. Punto.

Ahora es al revés. Vengan como vengan, legales o ilegales, los acogemos. Les damos papeles, ayudas, sanidad, educación. Gratis. Mientras tanto, una pensionista española que ha cotizado 40 años cobra 800 euros. ¿Dónde está la justicia?

Y lo peor no son los que vienen a trabajar. Lo peor son los que vienen sin ninguna intención de integrarse, que rechazan nuestros valores, que consideran que nuestras mujeres son infieles por ir en manga corta, que traen consigo mentalidades incompatibles con una sociedad occidental. Pero esto no se puede decir porque es "islamofobia".

Aragón necesita una política migratoria seria, no un Pacto por la Inmigración lleno de buenas intenciones y presupuesto para ONGs. Necesita cribado serio en origen, cupos por nacionalidades, expulsiones inmediatas de irregulares, tolerancia cero con delincuentes. Y lo más esencial, que la inmigración sea una decisión política, no un hecho consumado que nos impongan desde Bruselas o desde el Gobierno.

¿Esos niños y jóvenes de origen extranjero que son ya el 25% del total? No está garantizado que sean nuestro futuro. Depende de si conseguimos que se integren de verdad o si terminamos con una sociedad fragmentada, con guetos, con conflictos étnicos como ya tienen en Francia, Suecia o Reino Unido. Y vamos por ese camino.

La inmigración no es una realidad inevitable, es una decisión política. Y los ciudadanos tienen derecho a decir basta. Derecho a querer preservar su forma de vida, su cultura, su seguridad, sin que nadie les llame racistas por ello. Porque el verdadero problema no es la inmigración… es la inmigración descontrolada, masiva, sin criterio. Y eso, sí que tenemos derecho a rechazarlo.