Editorial | Zaragoza no podía quedarse en pausa por una ZBE

Durante meses, Zaragoza ha vivido al borde de una paradoja difícil de explicar fuera de nuestras fronteras: una ciudad con uno de los momentos económicos más dinámicos de su historia contemporánea amenazada con quedarse sin presupuesto por una Zona de Bajas Emisiones que, en la práctica, apenas había generado sanciones. Era impensable. Y, sin embargo, ha estado a punto de ocurrir.

Mientras Aragón se consolida como uno de los principales polos de atracción de inversión tecnológica en Europa, con proyectos estratégicos sobre la mesa y un ecosistema empresarial en plena ebullición, la capital autonómica corría el riesgo de paralizar su acción de gobierno por el encaje normativo de una ordenanza cuya aplicación real había derivado en poco más de un centenar de multas en dos meses.

No se trataba de negar el debate ambiental ni de cuestionar la necesidad de avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles. Se trataba, sencillamente, de calibrar prioridades. Y la prioridad de una ciudad que aspira a liderar su transformación económica no puede ser quedar atrapada en un bloqueo político prolongado por una herramienta que, hasta ahora, había tenido un impacto marginal en términos sancionadores.

La negociación presupuestaria entre el Partido Popular y Vox ha evidenciado, además, otro problema de fondo: la falta de entendimiento que durante semanas —o meses— ha impedido alcanzar un acuerdo que, visto con perspectiva, estaba más cerca de lo que parecía.

Porque al final, el pacto ha llegado. Y lo ha hecho sobre una base que no dista demasiado de los planteamientos que ambas partes manejaban desde el principio. Bastaba con voluntad política. Bastaba con asumir que gobernar implica ceder. Bastaba con entender que, en determinadas circunstancias, 'tragar' forma parte del ejercicio de responsabilidad institucional.

Un presupuesto municipal no es un trofeo partidista. Es la herramienta básica para gestionar una ciudad. Para planificar inversiones, garantizar servicios y sostener el crecimiento. Dejarlo en suspenso por cálculos tácticos o por la resistencia a modular determinadas posiciones puede tener réditos en el corto plazo, pero erosiona la capacidad de acción pública cuando más se necesita.

PP y Vox están llamados a entenderse. No solo por aritmética, sino por mandato político. Y eso implica aceptar que cualquier acuerdo real se construye desde la renuncia parcial de ambos. Que no hay victoria completa sin cesión. Que el interés general exige, en ocasiones, rebajar el maximalismo.

Zaragoza no podía permitirse seguir en pausa. No ahora. No en este momento de oportunidad. La aprobación del presupuesto y la reformulación de la ZBE demuestran que el margen para el entendimiento existía. Quizá lo preocupante sea constatar que ha hecho falta tanto tiempo para ejercerlo.

Porque una ciudad —como un gobierno— no debería depender nunca de quién aguanta más el pulso, sino de quién está dispuesto a soltarlo primero.