Un sheriff mata a un juez en su despacho tras acusarle de llevar una red de 'sextorsion'

Las acusaciones de varias mujeres y los vínculos entre funcionarios locales han destapado la trama.
Departamento de Justicia de Estados Unidos
Departamento de Justicia de Estados Unidos

El 19 de septiembre de 2024, el juez Kevin Mullins fue asesinado de ocho disparos en su despacho, un crimen que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ha conmocionado al estado de Kentucky. El presunto autor es Shawn Stines, sheriff del condado de Letcher y viejo amigo de la víctima. Stines se entregó poco después, asegurando que actuó en defensa de su familia ante un supuesto intento de secuestro de su esposa e hija. Su defensa alega que actuó bajo “una perturbación emocional extrema”, aunque la fiscalía le imputa el asesinato de un funcionario público y permanece encarcelado sin derecho a fianza.

Este violento suceso ha desatado una oleada de revelaciones sobre la supuesta doble vida de Mullins. Varias mujeres han denunciado públicamente la existencia de una red de “sextorsiónque operaba con la complicidad de agentes locales y que tenía como epicentro el propio tribunal del juez asesinado. Las acusaciones apuntan a fiestas sexuales organizadas por Mullins y otros funcionarios, en las que jóvenes eran presionadas a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o favores judiciales.

Una de las denunciantes, Tya Adams, habló en el programa Banfield de NewsNation. Según su testimonio, fue parte de estas fiestas siendo muy joven, y aunque las relaciones eran técnicamente consentidas, se sentía obligada a participar por miedo a que los servicios de protección infantil actuaran en su contra. “Nos hacían sentir degradadas y sin poder. Todo el pueblo lo sabía, eran fiestas de swingers”, declaró.

Adams describe un ambiente de impunidad generalizada en el que las víctimas sentían que denunciar era inútil, ya que los implicados eran las mismas figuras encargadas de impartir justicia. Sus palabras han sido respaldadas por otros testimonios que apuntan en la misma dirección.

Sarah Davis, exfuncionaria de prisiones del condado, aseguró haber oído relatos “repugnantes” sobre esas reuniones, e incluso afirmó que fue invitada a una. Por su parte, Sabrina Adkins ya había vinculado en 2022 al juez Mullins con un exagente de policía acusado de violación y sodomía. Adkins afirmó haber presenciado personalmente a Mullins teniendo relaciones sexuales en su despacho y sostuvo que existían grabaciones que comprometían tanto al magistrado como a algunas jóvenes.

En aquel momento, las acusaciones no prosperaron y el caso se cerró tras la destitución y condena del entonces adjunto del sheriff, Ben Fields. Sin embargo, la muerte violenta del juez Mullins ha reactivado las sospechas sobre la veracidad de aquellas denuncias y ha abierto nuevos interrogantes sobre la posible relación entre el crimen y los escándalos anteriores.

A pesar de los numerosos testimonios y la atención mediática, las autoridades no han confirmado oficialmente que la red de sextorsión fuera el motivo directo del asesinato. El hecho de que Stines compartiera un almuerzo con Mullins horas antes del tiroteo añade un componente de desconcierto al caso. Las imágenes de seguridad muestran cómo el sheriff accedió al despacho, realizó varias llamadas a su hija y, acto seguido, disparó al juez.

Este caso ha sacudido profundamente a la comunidad del condado de Letcher, un entorno rural donde los lazos entre jueces, sheriffs y fiscales suelen ser personales, políticos y duraderos. Las denuncias dibujan un panorama de corrupción y silencios que comprometen la credibilidad del sistema judicial local. “Nadie se atrevía a hablar porque los mismos que debían hacer justicia estaban implicados”, afirmó Adams.

El juicio pendiente de Shawn Stines se perfila como una pieza clave para esclarecer no solo las circunstancias del asesinato, sino también el alcance de una supuesta red de abusos que, según las víctimas, operó durante años bajo la protección de quienes tenían el deber de impedirla.

Comentarios