El barrio de Zaragoza que rechaza viviendas baratas para jóvenes: "Es especulación"
El anuncio de 640 viviendas públicas de alquiler asequible en los barrios de Miralbueno y Rosales del Canal no ha sido recibido con entusiasmo por todos. La asociación de vecinos Entrelagos de Rosales del Canal ha mostrado su rechazo frontal al plan presentado esta semana por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien colocó el lunes la primera piedra del proyecto. Para los vecinos, el problema del barrio no es la falta de vivienda, sino la falta de todo lo demás.
"Vivienda con el cartel de pública para jóvenes pero cuyas condiciones distan mucho de ser un servicio público al servicio de la mayoría de la ciudadanía, siendo más bien un regalo rentable para quienes están creando el problema de la especulación con la vivienda", han señalado en una nota de prensa. Lo que llevan años reclamando, insisten, es un instituto, un centro de salud, instalaciones deportivas y un centro cívico.
Uno de los argumentos más contundentes de la asociación es el origen de los terrenos. Según Entrelagos, la finalidad de los solares donde se construirán las viviendas —y cuya urbanización aseguran haber pagado los propios vecinos— era la de albergar equipamientos públicos.
Llevan demasiado tiempo esperando a que la administración construya los servicios que por población y cercanía les corresponden. Ahora, denuncian, "por su ineficacia para construir lo que deberían, alegan que son ociosos", cuando los habitantes de Rosales y del cercano Arcosur, donde están en ejecución miles de viviendas más, también necesitarán esos servicios en el futuro.
La asociación añade otro argumento de peso: parte de la parcela está afectada en su lado este por una dolina catalogada como de muy alta peligrosidad con riesgo de subsidencia, lo que a su juicio la hace no apta para albergar un edificio de seis plantas.
Entrelagos ya interpuso dos demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al respecto. Aunque recientemente han quedado vistas para sentencia, los vecinos advierten de que el fallo puede tardar todavía 18 meses, "tiempo más que suficiente para que las viviendas que se pide que no se hagan, estén hechas".
En este conflicto entre derechos, El Justicia de Aragón ya se pronunció a favor de los vecinos: en la colisión entre el derecho a la educación y el derecho a la vivienda, consideró que debía primarse aquel que podría quedar en descubierto, en este caso la educación.
