El PSOE acusa al Gobierno de Chueca de “subcontratar” la política de vivienda en Zaragoza

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha criticado este miércoles que en los dos últimos años el Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa Natalia Chueca, haya “subcontratado” toda la política de vivienda al Gobierno de Aragón. Según Royo, se están cediendo suelos de equipamiento de “mínimo valor” mientras los suelos residenciales se reservan para “hacer caja” y financiar grandes proyectos municipales, lo que —ha advertido— deja a barrios como Rosales del Canal o el Picarral sin equipamientos educativos o deportivos muy demandados.

Ante lo que considera una “deriva preocupante”, el PSOE ha solicitado la convocatoria de una comisión extraordinaria de Urbanismo para abrir el curso político con un debate sobre vivienda, que, a su juicio, es hoy “la mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes”.

Royo ha recordado que hace dos años su grupo ofreció al Gobierno local un pacto en esta materia, pero sostiene que Chueca lo rechazó para “entregar la política de vivienda a los intereses de los promotores con la mediación del Gobierno de Azcón”.

El edil socialista ha exigido que el Gobierno municipal explique qué ocurrirá con los suelos del Embarcadero o con la venta de Alumansa, y qué otros terrenos planea poner en el mercado.

Críticas al modelo de gestión

Royo ha insistido en que el Ayuntamiento ha destinado suelos previstos para equipamientos —como un instituto en Rosales del Canal o una instalación deportiva en el Picarral— a proyectos de vivienda, mientras existen suelos residenciales disponibles en zonas cercanas. “Ahora sabemos por qué lo ha hecho Chueca: los suelos de equipamiento, sin valor de mercado, se destinan a vivienda, y los residenciales, de gran valor, se venden para obtener ingresos”, ha señalado.

El concejal ha acusado a la alcaldesa de “hacer caja, vender las joyas de la abuela y descapitalizar la ciudad” para cubrir los costes de grandes proyectos como la Nueva Romareda o la intervención en el río Huerva, además de afrontar el elevado gasto del servicio de transporte público, que —ha comparado— ha pasado de 50 millones hace seis años a 100 millones en la actualidad.

Según sus cálculos, la suma de lo que el Ayuntamiento pretende obtener con la venta de los suelos de Vía Hispanidad, Montecanal y Alumansa coincide con los 76 millones de euros de aportación municipal previstos para la construcción del nuevo estadio. “¿Casualidad?”, se ha preguntado.

Vivienda asequible y ritmo de construcción

En materia de promoción, Royo ha reprochado al Gobierno municipal que en seis años no haya impulsado nuevos desarrollos de vivienda a precios asequibles más allá de los proyectos de Arcosur, Vadorrey y Valdefierro, dejando la iniciativa privada en manos de operaciones de lujo “absolutamente inasequibles para la mayoría de zaragozanos”.

También ha cuestionado las cifras “triunfalistas” presentadas por el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, subrayando que el ritmo de construcción se mantiene en niveles similares a 2023: unas 4 viviendas libres al día, lo que proyecta unas 1.500 al cierre del año. En cuanto a vivienda protegida, ha advertido de un ralentizamiento, con solo 132 licencias concedidas en lo que va de año, frente a una media de 400 en ejercicios anteriores.

“Si tenemos en cuenta que en Zaragoza se forman cada año unos 7.000 nuevos hogares, entre la iniciativa pública y privada apenas alcanzaremos las 2.000 viviendas nuevas en 2025”, ha lamentado.

Un “negocio para los promotores”

Royo ha acusado al Gobierno de Azcón de diseñar un modelo que beneficia principalmente a los promotores inmobiliarios. Recordó que se han licitado tres concursos sobre ocho parcelas municipales de equipamiento, cedidas por el Ayuntamiento bajo concesión demanial, para levantar viviendas de entre 36 y 77 metros cuadrados. Según ha detallado, los alquileres oscilarán entre 420 y 615 euros para un dormitorio, 529 y 614 euros para dos, y entre 580 y 1.005 euros para tres, cifras que —ha apuntado— superan el precio medio de alquiler en Zaragoza.

Finalmente, el concejal socialista ha denunciado que este modelo “violenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” al permitir viviendas en suelos dotacionales e incluso con superficies por debajo de los mínimos exigidos.