Zaragoza implementará un protocolo antiokupación que permitirá a la Policía Local actuar
El Gobierno de Zaragoza aprobará esta semana un protocolo antiokupación que permitirá a la Policía Local actuar de forma directa frente a la ocupación ilegal de viviendas. Esta medida establece criterios claros para identificar, desalojar y, en casos específicos, detener a los okupas, garantizando una respuesta más efectiva a este problema que afecta a numerosos barrios de la ciudad.
Desde 2021, el Ayuntamiento ofrece un servicio gratuito de asesoramiento jurídico para afectados por okupaciones, que ha atendido 340 casos en tres años. Según datos recientes, los barrios más afectados son Delicias (36,4%), seguidos del Casco Histórico (18%) y Oliver-Valdefierro (9%).
El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha subrayado que este protocolo surge ante la falta de recursos aportados por el Ministerio del Interior para combatir este problema. “Queremos dar un paso más en la seguridad de nuestros vecinos y barrios,” afirmó, añadiendo que el protocolo se basa en la instrucción de 2020 de la Fiscalía General del Estado y en principios constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la seguridad.
IDENTIFICACIÓN, DESALOJO Y DETENCIÓN
- Identificar a las personas ocupantes del inmueble, solicitando el título, contrato u autorización para acceder al mismo y usarlo.
- Identificar a la persona titular del derecho, informándola de la conveniencia de denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Autoridad Judicial.
- Comprobar con los medios más idóneos que se trata del domicilio de otra persona diferente al ocupante y que el titular del derecho no desea que permanezca allí.
- Identificar a los testigos que hayan presenciado los hechos.
- Inspeccionar ocularmente los daños que hayan podido ser ocasionados en el inmueble.
- Comparecer ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil o Policía Nacional, según proceda) para la instrucción del correspondiente atestado, aportando todos los datos mencionados y aquellos otros conocidos que pudieran ser constitutivos de otros hechos delictivos (daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.).
- En caso de que haya menores o personas especialmente vulnerables entre los ocupantes del inmueble, deberá ponerse en conocimiento de los servicios del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza o del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, según corresponda.
- Informar al titular de la necesidad de adoptar las medidas de seguridad necesarias para asegurar el inmueble, en caso de que este sea desalojado.
- Si se detectan indicios de organización o grupo criminal cometiendo estas actuaciones, deberán plasmarlo en el atestado policial.
En caso de okupas violentos o intimidatorios, los agentes podrán proceder a la detención inmediata. Para okupaciones no violentas, la detención solo se aplicará si los ocupantes carecen de domicilio conocido o no ofrecen garantías suficientes.
Cuando se detecten menores o personas en situación de vulnerabilidad entre los okupas, se informará a los servicios sociales del Ayuntamiento o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para garantizar su protección.
