Zaragoza rechaza la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno: "Es inasumible"

El Consistorio reclama datos oficiales, refuerzos de personal y financiación para afrontar el posible aumento de usuarios en servicios sociales.
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós. /AZ
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós. /AZ

El Gobierno de Zaragoza, presidido por Natalia Chueca, ha mostrado su rechazo frontal a la regularización masiva anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha exigido planificación, financiación y coordinación institucional antes de que la medida pueda llevarse a efecto.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha comparecido este martes para informar del envío de una carta al delegado del Gobierno en Aragón en relación con el proyecto de modificación del Real Decreto 1155/2024, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 sobre autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales y arraigo.

Orós ha calificado la iniciativa como una medida “improvisada, sin memoria económica, sin planificación operativa y sin coordinación con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos”. A su juicio, se trata de una decisión “inasumible” que podría generar un “efecto llamada”, introducir “riesgos para la seguridad de las ciudades” y comprometer la sostenibilidad de los servicios sociales.

Además, ha señalado que la propuesta iría “en contra de las políticas migratorias de la UE y del Pacto Europeo de Migración y Asilo”.

Uno de los principales reproches del Consistorio es la falta de datos concretos. Según ha explicado la consejera, el Gobierno central no ha detallado cuántas personas podrían acogerse al proceso de regularización.

“Se habla de cifras que oscilan entre cientos de miles y más de dos millones de personas si se tiene en cuenta la reagrupación familiar, pero no existe una estimación oficial clara”, ha indicado.

En el caso de Aragón, las cifras trasladadas de manera informal a entidades sociales sitúan el impacto entre 12.000 y 15.000 personas, aunque sin estudios técnicos ni previsiones detalladas. “El Estado pretende generar de facto una nueva ciudad vulnerable dentro de las ciudades ya existentes, sin un solo euro adicional comprometido”, ha advertido Orós.

El Gobierno municipal sostiene que la regularización implicaría una transferencia encubierta de competencias y costes a los ayuntamientos.

Según el reciente Estudio de la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza —elaborado por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja—, aproximadamente el 80% de las personas sin hogar en la ciudad son inmigrantes y, de ellas, el 93% se encuentran en situación irregular.

Para el Ejecutivo local, una regularización masiva supondría un aumento inmediato de la presión sobre la regularización masiva incrementaría de forma inmediata la presión sobre los servicios sociales municipales, la vivienda, los recursos de inclusión sociolaboral y la atención jurídica. 

Además, los informes de vulnerabilidad previstos en la norma podrían recaer en los centros municipales, generando una “avalancha administrativa” sin refuerzo de personal ni financiación adicional.

Si se extrapolan cifras nacionales, Zaragoza podría afrontar miles de nuevos usuarios en sus servicios sociales, mayor presión sobre el mercado de la vivienda y sobrecarga de profesionales municipales, todo ello —insiste el Ayuntamiento— sin financiación estructural procedente del Estado.

Marian Orós también ha advertido de posibles dificultades técnicas en el procedimiento, como la obtención de antecedentes penales de los países de origen, la posibilidad de sustituir documentación oficial por declaraciones responsables o la falta de claridad en casos con antecedentes policiales no firmes.

Asimismo, ha cuestionado que el plazo previsto —de abril a junio de 2026— sea suficiente para tramitar un proceso de esta magnitud sin generar colapso y errores administrativos, especialmente en ausencia de oficinas específicas o una estrategia clara de información pública.

El Gobierno municipal reitera que defiende una política migratoria ordenada, con seguridad jurídica e integración ligada al empleo, pero rechaza lo que considera “improvisación y transferencia de costes sin financiación”.

“Regularizar sin planificación es generar frustración futura y riesgo de colapso para los municipios”, ha concluido Orós.

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