Martes, 19 de Marzo de 2019

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulo el plan especial del área de intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial ‘Torre Village’ en los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolin.

Sin embargo, la decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo por la promotora del outlet, el grupo patrimonial IberEbro.

Según aclaran a este periódico, en un plazo de 30 días presentarán un recurso de casación por lo que consideran una lesión a los derechos del promotor por anunciar que el plan especial, aprobado por la mayoría del Ayuntamiento de Zaragoza, no permite los usos comerciales en el futuro emplazamiento del outlet.


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Según informa el TSJA en su sentencia, el tribunal ha estimado el recurso presentado por varios colectivos -de la órbita de Zaragoza en Común y movimientos sindicales- y ha declarado la nulidad del plan especial por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados en él y convertir en dominante un uso no previsto como tal en el PGOU.

EN EL TEJADO DEL SUPREMO

Si el Tribunal Supremo admitiera a trámite el recurso de casación planteado por la promotora de Torre Village, abría un nuevo espacio de tiempo para explorar una serie de negociaciones entre las dos partes: la empresa patrimonial del grupo Pikolin y el Ayuntamiento de Zaragoza liderado por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común).

Las negociaciones podrían estar enfocadas a la búsqueda de un consenso jurídico entre ambas partes. Sin embargo, las dos posturas por el momento parecen enrocadas.

Desde Zaragoza en Común, anuncian que no recurrirán la sentencian por estar ajustadas a sus demandas como recurrentes, así como que suspenderán todas las licencias de obra que tiene la promotora. Es decir: pretenden paralizar las obras de inmediato.

Una postura que colisiona con las intenciones de la promotora del outlet. En declaraciones a este periódico, avisan desde IberEbro que la sentencia es provisional y no tienen intención de paralizar las obras. 

Es por ello que aseguran que pese a la sentencia provisional del TSJA, pueden ejecutar todas las obras por tener las licencias preceptivas en regla. Entienden que se encuentran en cierta indefensión jurídica porque ellos han cumplido todos los trámites legales que les reclamaba la ordenanza urbanística así como el Ayuntamiento desde hace años.


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Es cierto que mediante la sentencia -provisional- del TSJA, la promotora del outlet no podría destinar los espacios que contempla a un uso comercial o de explotación para el retail. Sin embargo, pese a la alegría que impera en las filas de Zaragoza en Común, la sentencia -provisional- del TSJA no decreta que las obras deban paralizarse.

En declaraciones a este periódico, desde la promotora del outlet aclaran que esperan que el TSJA acepte el recurso que han planteado por casación.

LAS OBRAS AVANZAN

Recuerdan, a su vez, un acuerdo marco aprobado en el año 2006 con el consistorio zaragozano, en donde se aclaraba que la compañía aragonesa Pikolin mantendría su futura fábrica en suelo municipal si los suelos de fábrica de la carretera de Logroño pudiera reconvertirse en uso comercial.


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Torre Village cuenta con un 70 % de los trabajos de edificación completados, todos ellos amparados en las preceptivas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, y la zona outlet del complejo comercial posee licencias de actividad, concedidas también por el consistorio de Zaragoza. Además el porcentaje de comercialización del proyecto se sitúa por encima del 60%, según las mismas fuentes.

Desde la promotora del outlet critican que el plan especial aprobado por la mayoría del pleno municipal -PP, PSOE y Ciudadanos- avalara la construcción de ‘Torre Village’ y tras la sentencia conocida hoy -después de una inversión millonaria por parte del promotor– se acredite que el plan especial del Plan General de Ordenación Urbana es nulo de pleno derecho.