Opinión | Vivienda: la urgencia de un problema estructural; por Álvaro Sierra
En España, hablar de vivienda es hablar de una de las principales preocupaciones sociales de nuestro tiempo. Según el último barómetro del CIS, el 34% de los ciudadanos sitúa este asunto como el más relevante del país, un dato que ha crecido de forma alarmante en los últimos meses. El acceso a una vivienda se ha convertido en una barrera para millones de personas, especialmente para jóvenes, familias con rentas medias y bajas, y colectivos vulnerables. La vivienda, más que nunca, es el espejo de nuestras desigualdades.
Este creciente malestar tiene raíces profundas y estructurales. Hay al menos tres factores fundamentales que explican el desequilibrio entre oferta y demanda. El primero es evidente: una demanda creciente frente a una oferta insuficiente. Mientras aumenta el número de personas que necesitan vivienda —ya sea en propiedad o en alquiler—, la producción de nuevas unidades habitacionales no acompaña el ritmo. Resultado: precios disparados, tanto en compra como en renta.
El segundo factor es la escasez de suelo urbanizable y la lentitud de los procesos administrativos. Las ciudades no solo se enfrentan a una falta de espacio; también a un marco regulatorio complejo, lleno de trabas burocráticas que ralentizan la promoción inmobiliaria. A esto se suma la falta crónica de inversión en vivienda pública, lo que deja al mercado como único actor con capacidad para responder a la demanda. Y sabemos que el mercado, por sí solo, no resuelve los problemas sociales.
El tercer gran obstáculo es la falta de solvencia económica de quienes necesitan una vivienda. A pesar de que existe una demanda real y numerosa, muchas personas no pueden asumir una hipoteca ni pagar alquileres que no dejan de subir. Con una de las tasas de paro más altas de Europa, sueldos bajos y precariedad laboral, la capacidad de endeudamiento de buena parte de la ciudadanía está al límite. Sin poder adquisitivo, el mercado se convierte en un territorio excluyente.
Este círculo vicioso solo genera más desigualdad. A mayor demanda y menos oferta, más suben los precios. Y cuanto más suben, más personas quedan fuera. La consecuencia es clara: la vivienda se convierte en un bien de lujo en lugar de un derecho básico.
Frente a esta situación, el Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Vivienda. Entre sus medidas más relevantes están la posibilidad de declarar zonas tensionadas, limitar la subida de rentas y fomentar la vivienda social. Sin embargo, su eficacia está siendo objeto de un debate abierto y con más frentes en contra que a favor. Ejemplos como el de Cataluña, donde regulaciones similares provocaron una caída del 42% en la oferta de alquiler en Barcelona, generan dudas legítimas y evidentes sobre si limitar los precios puede acabar perjudicando a quienes se quiere proteger.
El problema de fondo no se resolverá con control de precios si no va acompañado de un aumento real de la oferta. La receta pasa por una combinación de medidas estructurales: liberalizar suelo para uso residencial, acelerar los trámites urbanísticos, flexibilizar la financiación bancaria para la compra de suelo, incentivar fiscalmente a los propietarios que ofrezcan alquileres asequibles, rebajar en impuestos la compra de vivienda para determinados colectivos o de la primera vivienda y fomentar la colaboración público-privada en la promoción de vivienda protegida.
También es fundamental garantizar la seguridad jurídica. Los constantes cambios normativos generan incertidumbre entre los inversores —grandes y pequeños—, muchos de los cuales han decidido retirar sus viviendas del mercado ante el temor de nuevas restricciones. Sin estabilidad y reglas claras, no hay inversión posible. Y sin inversión, no hay viviendas.
El reto de la vivienda es demasiado complejo para abordarlo con soluciones unilaterales y con prejuicios ideológicos que no tienen fundamento. Necesitamos una estrategia integral, pactada entre administraciones, sector privado y sociedad civil. No se trata solo de construir más, sino de construir mejor: con criterios de sostenibilidad, eficiencia y equidad.
Porque el acceso a la vivienda no puede depender del azar ni del privilegio. Es hora de asumir que se trata de un derecho básico que debe estar garantizado para todos, no solo para quienes pueden pagarlo. Resolver este desafío es uno de los compromisos más urgentes que tiene nuestra sociedad a corto plazo.
* Este artículo forma parte de un Especial de Obra Nueva en el que participan las grandes promotoras con presencia en Aragón. Ver especial completo aquí.
