Un albañil recibe 60.000€ de un ayuntamiento de Zaragoza y se niega a devolverlos
Un simple fallo en una orden de pago ha desencadenado una compleja disputa judicial en un municipio de Zaragoza. El Ayuntamiento de Castejón de Alarba, una localidad con menos de 80 habitantes, efectuó un pago erróneo de 60.560 euros a un albañil en lugar de los 6.050 que le correspondían por su trabajo en la construcción de un muro de contención. Ahora, el obrero se enfrenta a un proceso por apropiación indebida tras negarse a devolver la diferencia.
El secretario municipal ha reconocido su fallo en la transcripción de la cifra, que quedó reflejada erróneamente tanto en la orden de pago como en el mandato de transferencia. A pesar de ello, el dinero fue depositado en la cuenta del trabajador, quien en un primer momento no alertó del error. Según su versión, consideró que la cantidad se debía a pagos pendientes por trabajos anteriores.
El albañil Octavian I. B., que había trabajado para el Ayuntamiento desde 2022, argumentó ante el tribunal que en muchas ocasiones el presupuesto que le otorgaban no cubría los gastos de las obras, lo que le obligaba a financiar materiales y herramientas de su propio bolsillo. Sin embargo, esta supuesta deuda no ha sido acreditada de forma legal.
NEGOCIACIONES FALLIDAS Y UN PROCESO EN CURSO
Ante la negativa del obrero a devolver el dinero, el consistorio intentó alcanzar un acuerdo para justificar el pago mediante la ejecución de futuras obras. No obstante, el acusado se negó, alegando que esto le generaría más gastos. Tras meses de reclamaciones verbales y telefónicas, el Ayuntamiento interpuso varias denuncias ante la Guardia Civil, lo que llevó el caso a los tribunales.
La Fiscalía considera que el albañil incurrió en un delito de apropiación indebida y solicita una pena de tres años de prisión, además de la restitución del dinero. Por su parte, la acusación particular, representada por el exalcalde, pide una condena de hasta seis años. Mientras tanto, la acusación popular solicita tres años de cárcel, mientras que la defensa del acusado insiste en su absolución o, en su defecto, la pena mínima de tres meses.
El caso ha generado gran revuelo en la localidad y ha puesto en evidencia la fragilidad de los procedimientos administrativos en pequeños ayuntamientos. Mientras se espera el fallo judicial, la comunidad sigue de cerca un proceso que podría sentar un precedente en la gestión municipal y la responsabilidad de los beneficiarios de pagos erróneos.
