Azcón pide a Nolasco que se dé un "baño de realidad" y viajar a Marruecos para la repatriación de ilegales
El Gobierno de Aragón respondió este lunes con dureza a la propuesta del portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, quien se mostró dispuesto a regresar al Ejecutivo autonómico si asumía “las competencias de políticas migratorias”. Fuentes del Ejecutivo calificaron el planteamiento de “desconocimiento profundo” del marco legal y operativo y emplazaron al dirigente de Vox a “darse un baño de realidad y viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación”.
Repatriaciones: quién decide y por qué casi nunca prosperan
El Gobierno autonómico recordó que la Ley de Extranjería fija un procedimiento tasado para la repatriación de menores extranjeros no acompañados (MENA): la iniciativa parte de la comunidad autónoma, pero la incoación, tramitación y resolución corresponden al Delegado del Gobierno. En el proceso intervienen la Fiscalía y el propio menor, que debe ser escuchado, y prima el interés superior del menor.
Además, subrayan que Marruecos y Argelia mantienen suspendidos desde hace años los acuerdos de devolución, lo que hace “imposible” firmar convenios de repatriación en las condiciones que plantea Vox. “Los menores, los países y las familias de origen se pueden negar a la repatriación y eso la hace automáticamente inviable”, recalcan.
ONGs y financiación: “no hay convenios directos en inmigración”
En respuesta a la promesa de Nolasco de “revocar de inmediato todos los contratos y convenios” con organizaciones que “colaboran con el tráfico de personas”, el Ejecutivo aragonés precisó que la DGA no mantiene convenios directos en materia de inmigración con Cruz Roja, Accem, Cepaim o Apip Acam. Estas entidades acceden a subvenciones en concurrencia competitiva para múltiples programas sociales (personas sin hogar, mayores, pobreza infantil, inserción laboral, atención a víctimas de trata…), por lo que “no puede excluirse a nadie” de estos procedimientos.
La única excepción es un convenio de Cruz Roja para el Centro de Día de Personas Mayores de Teruel, “público y consignado en los presupuestos”. Sobre centros de menores, el Gobierno precisa que Cepaim y Accem gestionan recursos bajo el paraguas del sistema de protección a la infancia, “no solo para menores migrantes”. Apip Acam gestiona un piso de transición a la vida independiente que “nada tiene que ver con menores migrantes”. Y Cruz Roja “no gestiona centros de menores desde hace años por decisión propia”.
En el caso concreto de un centro de menores de protección internacional vinculado a Apip Acam, el contrato es con el Gobierno de España; los menores están tutelados por el Gobierno de Canarias, y Aragón no tiene responsabilidad sobre su gestión.
Adultos migrantes: competencia estatal y programas cerrados
El Ejecutivo recordó que la acogida de adultos inmigrantes es competencia del Estado y depende de programas de acogida humanitaria, protección internacional y refugio del Ministerio de Inclusión, ejecutados por ONGs acreditadas. “Ni decidimos su llegada, ni su ubicación: a menudo ni siquiera se nos comunica con antelación”, señalan. La DGA asume, como manda la ley, sanidad y educación en el caso de familias con menores, “independientemente de su situación administrativa”.
El nuevo marco de reparto de menores, en los tribunales
Sobre el traslado interterritorial de menores, el Gobierno autonómico asegura que las conferencias sectoriales han perdido capacidad decisoria desde que el Ejecutivo central “dejó sin efecto el acuerdo voluntario de 2022” y aprobó en marzo de 2025 un Real Decreto que, según Aragón, impone los repartos “de manera unilateral”. La DGA ha recurrido esa norma ante el Tribunal Constitucional, Supremo, Audiencia Nacional y TSJ de Madrid, así como los actos administrativos derivados.
En el terreno político, el Gobierno añade que Nolasco “tampoco acierta” al relatar la derogación de la ley autonómica de memoria democrática: fue un punto del pacto PP–Vox, pero el PP ya lo llevaba en su ideario desde su último congreso autonómico.
Un pulso político con la ley por delante
En conjunto, el Ejecutivo regional sostiene que la oferta de Vox ignora los límites legales y la arquitectura competencial en materia migratoria.
El mensaje de fondo es que Aragón no puede asumir competencias estatales ni firmar convenios internacionales que dependen del Gobierno central y de terceros países. Y que el sistema de protección a la infancia no se reduce a los MENA ni a la inmigración, sino que atiende a 800 menores, de los cuales solo una parte son extranjeros no acompañados.
Mientras tanto, el debate político se recrudece a las puertas del ciclo presupuestario, con Vox condicionando su apoyo y el Gobierno de Aragón marcando líneas rojas jurídicas: “Políticas migratorias eficaces, sí; promesas imposibles, no”.
