Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda: "Pilar Alegría se ha plegado absolutamente a lo que le ha dicho Sánchez y Montero"

El consejero aragonés de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, carga con dureza contra la propuesta de reforma de la financiación autonómica impulsada por el Gobierno central y denuncia que el modelo parte de un acuerdo bilateral entre el presidente del Ejecutivo y los independentistas catalanes.

En esta entrevista, advierte de que Aragón es la comunidad más perjudicada, cuestiona la falta de criterios objetivos en el reparto de fondos, señala directamente a la ministra María Jesús Montero por un reparto “a dedo” y reprocha a Pilar Alegría que haya renunciado a defender los intereses de la comunidad.

PREGUNTA. Usted dijo tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la propuesta no nace de “un acuerdo multilateral”, sino “entre dos personas”. ¿A quién se refería exactamente y qué consecuencias tiene —para Aragón— que el punto de partida sea bilateral?

RESPUESTA. La reforma de la financiación autonómica es necesaria porque el sistema actual ahoga a la mayoría de las comunidades autónomas, que somos las principales prestadoras de la sanidad, la educación y los servicios sociales. En los últimos años hemos sufrido una bajada clara de ingresos mientras aumentan las necesidades de los ciudadanos.

Para hacer una reforma en condiciones, todas las comunidades deberíamos sentarnos en una mesa, cada una con nuestras peculiaridades, para defender nuestras diferencias y llegar a un acuerdo común. Eso no ocurre cuando el punto de partida es un acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, pensado para mantenerse en el poder, en el que se pacta primero una cifra concreta para Cataluña —en torno a 4.500 millones de euros— y después se intenta construir un sistema que encaje con ese dato.

¿Qué ocurre con esto? Que la ministra Montero necesita compensar a otras comunidades y se acaba generando un reparto improvisado. Con todo ello, se hace un pastiche que nace de un acuerdo entre Junqueras y Sánchez, que no contenta absolutamente a nadie.

El Gobierno defiende que la reforma aumenta los recursos del sistema y ajusta la financiación por habitante, pero varias comunidades hablan de “letra pequeña” y de un modelo “hecho por y para” Cataluña. ¿Qué es, en su opinión, lo más lesivo para Aragón?

Lo más lesivo es cómo se calcula la financiación. El sistema se basa en la población real y en la población ajustada, y en este nuevo modelo no se tienen en cuenta adecuadamente variables clave para Aragón como la despoblación, la dispersión territorial y la orografía.

Prestar servicios públicos en pequeños municipios es mucho más caro que hacerlo en grandes ciudades, y ese sobrecoste no se corrige. Además, los datos del Ministerio se presentan de forma sesgada. No lo digo yo ni el Gobierno de Aragón: lo dice FEDEA, que señala que Aragón es la comunidad más perjudicada por esta reforma.

Uno de los puntos más polémicos es la ordinalidad, que garantizaría que una comunidad no pierda posiciones tras aportar al sistema. ¿Por qué considera que ese principio es profundamente injusto para Aragón?

Porque rompe el principio básico de solidaridad entre territorios. Un país se sostiene sobre la redistribución de la renta y la riqueza entre sus ciudadanos. No todos tienen la misma capacidad económica y, por tanto, las comunidades más ricas deben contribuir más.

Si se rompe ese principio de solidaridad y de igualdad entre ciudadanos, se rompe el equilibrio territorial del país, algo que además está recogido en la Constitución.

En su crítica citó partidas concretas como el fondo climático y el IVA de pymes. ¿Qué números maneja su consejería y cuánto dinero real dejaría Aragón de percibir?

Cuando se hace un nuevo reparto no importa solo cuánto recibes, sino cómo quedas en el conjunto del sistema. El Gobierno ha creado dos fondos que, analizados en profundidad, benefician casi exclusivamente a Cataluña.

El Fondo del Cambio Climático está dotado con más de 1.000 millones de euros y Aragón apenas recibe 23, sin criterios objetivos. Es el reparto “del dedo” de Montero, un auténtico despropósito. El Fondo del IVA de pymes reparte cerca de 2.000 millones y Aragón recibe solo 46, mientras muchas comunidades no reciben nada. Cataluña se lleva alrededor de 1.400 millones.

Además, se ha presentado como dinero nuevo lo que ya percibíamos por otros impuestos, lo que distorsiona la realidad. Por eso, como señala FEDEA, Aragón acaba siendo la gran perjudicada a largo plazo.

La ministra Montero defiende que el modelo es voluntario y que las comunidades pueden optar por adherirse o no. Pedro Sánchez ha dicho que tarde o temprano todas acabarán acatándolo. ¿Cree que más comunidades se sumarán a la propuesta de financiación autonómica?

No lo creo. Esta propuesta no la apoya nadie, ni siquiera dentro del propio PSOE. Comunidades gobernadas por socialistas ya la han criticado y tampoco la respaldan socios parlamentarios del Gobierno.

Además, Aragón no ha sido llamado a ninguna negociación técnica ni ha recibido documentación alguna. Hablar de voluntariedad sin información ni negociación real es una forma de desviar el debate.

Mirando ya a 2026–2030, si no hay acuerdo, ¿cuál es el plan B de Aragón para sostener la financiación de los servicios públicos?

Aragón está reduciendo su ratio de deuda sobre PIB, pero no vamos a aplicar ajustes que supongan recortes en sanidad, educación o servicios sociales. Nuestra prioridad es garantizar servicios públicos de calidad.

Intentaremos el equilibrio presupuestario, pero si es necesario incurrir en déficit para mantener esos servicios, lo haremos. No vamos a recortar derechos.

Entre tanto, Pilar Alegría se presenta como candidata a presidir Aragón en plena polémica por la financiación autonómica. ¿Cómo valora su postura?

Dijo que iba a defender a Aragón con uñas y dientes, pero se ha plegado absolutamente a lo que le ha dicho Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Otros dirigentes socialistas han criticado este modelo; ella no.

Además, falta a la verdad cuando se habla de recortes. En los últimos dos años hemos incrementado de forma histórica el gasto en sanidad, educación y servicios sociales y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a tomar ninguna medida que suponga una pérdida de derechos para los aragoneses.