Cataluña cobra entrada por las obras de Sijena durante 40 años y ahora le pasa la factura de conservación a Aragón: 370.000 euros
Hay un detalle de la reclamación extrajudicial que la Generalitat de Cataluña envió al Gobierno de Aragón el pasado 11 de mayo que merece ser contado por separado.
No es la cifra total de 790.000 euros. Es uno de sus dos conceptos: los 370.801,65 euros que Cataluña reclama al Gobierno aragonés en concepto de gastos de conservación y preservación de las obras artísticas del Real Monasterio de Santa María de Sijena.
Esas obras estuvieron expuestas en museos catalanes durante décadas. El Museo Diocesano de Lleida las albergó desde principios de los años 70. El Museu de Lleida: diocesà i comarcal las tuvo desde 1999 hasta julio de 2016.
Y doce de ellas llegaron a estar en el Museu Nacional d'Art de Cataluña —el MNAC—. Durante todo ese tiempo los museos cobraron entrada.
Los visitantes pagaron por ver esas obras. Las piezas de Sijena fueron un atractivo museístico durante cuatro décadas. Y ahora la Generalitat le pasa la factura de su conservación a Aragón.
Los números de la reclamación
El documento firmado por la Consellera de Cultura Sònia Hernández Almodóvar detalla con precisión la cantidad reclamada. El coste derivado de la conservación y preservación de las obras en el Museu de Lleida desde 1999 hasta julio de 2016 ascendió a 358.435,62 euros. Actualizado con la variación del IPC desde julio de 2016 hasta abril de 2026 —un 3,04%— esa cantidad sube a 370.801,65 euros.
El argumento jurídico que usa la Generalitat para justificar esta reclamación es el artículo 453 del Código Civil que establece que los gastos necesarios de conservación deben ser abonados al poseedor. Cataluña se considera poseedora de buena fe de las obras durante el tiempo que las tuvo y reclama que Aragón le reembolse lo que gastó en mantenerlas.
El problema: los jueces dijeron que nunca fueron suyas
El argumento tiene una grieta de proporciones considerables. El Tribunal Supremo confirmó en 2021 la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que declaró nulos los contratos de compraventa de 1983 y 1992 mediante los que la Generalitat adquirió las obras.
La propiedad siempre fue de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena. La Generalitat nunca tuvo un título legítimo sobre esas piezas.
El artículo 453 del Código Civil ampara al poseedor de buena fe. Pero si los contratos de compraventa fueron nulos desde el principio la condición de poseedor de buena fe de la Generalitat es precisamente lo que está en cuestión. Es el argumento que el Gobierno de Aragón esgrimirá si el conflicto acaba en los tribunales.
"Han cobrado entrada y ahora nos reclaman los gastos"
Mar Vaquero, portavoz y vicepresidenta del Gobierno de Aragón, lo resumió sin rodeos: "Han estado disfrutando de la exposición de estos bienes desde el año 70 cobrando entrada y siendo un atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos. No se podría ser más peregrina la reclamación."
Para Vaquero la reclamación de los gastos de conservación es el elemento más inaceptable de todo el documento. Las obras de Sijena generaron visitas, ingresos por taquilla y prestigio museístico durante cuatro décadas en los museos catalanes. La Generalitat se benefició de su presencia. Y ahora pretende que Aragón le pague por haberlas tenido.
"Son excusas peregrinas", afirmó la vicepresidenta. "Es como un boxeador que ha sido abatido y pega puñetazos al aire tratando de buscar algún tipo de restitución."
El otro concepto: 420.000 euros por la compraventa nula
La reclamación de los gastos de conservación se suma a otro concepto igualmente polémico: los 420.317,82 euros que la Generalitat reclama como devolución del precio actualizado de los contratos de compraventa declarados nulos. Es decir Catalunya pide que le devuelvan el dinero que pagó por unas obras que los jueces dijeron que nunca debió comprar.
El contrato de 1983 valió 10 millones de pesetas — equivalentes a 218.227,50 euros actualizados con el IPC hasta 2026 aplicando una variación del 363,1%. El de 1992 costó 25 millones de pesetas — equivalentes a 202.090,32 euros actualizados con una variación del 134,5%.
En total la Generalitat reclama 790.119,47 euros al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena con un plazo de 10 días para manifestar voluntad de negociar y 30 días para abonar las cantidades.
La respuesta de Aragón: no hay diálogo posible
El Gobierno de Aragón ha sido explícito. No va a pagar. No va a negociar. Y considera que la reclamación carece de base jurídica sólida. "El Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo la razón que nos ha dado una sentencia judicial. No hay ningún conflicto. No vamos a entrar en ningún diálogo porque carecen de razón", afirmó Vaquero.
La vicepresidenta también cargó contra el president Salvador Illa por avalar este tipo de iniciativas: "No deja de sorprendernos. Y nos da incluso pena que el señor Illa tenga que someterse a este tipo de conflictos que un Gobierno serio no tendría que plantear."
Si transcurren los 30 días sin respuesta la Generalitat ha anunciado que ejercerá acciones legales. Aragón ya ha respondido que las espera. El caso Sijena abre un nuevo frente judicial. Y esta vez lo abre Cataluña.
