Las dudas sobre la llegada de menores migrantes como adultos: la DGA de Azcón denuncia 19 casos

Los tres primeros menores migrantes no acompañados asignados a Aragón dentro del último reparto estatal ya han sido trasladados y alojados en recursos de acogida del Gobierno autonómico. Son los primeros de un cupo que podría alcanzar hasta 251 menores, dentro del plan para aliviar la crisis humanitaria en el archipiélago canario, según confirmó hace pocos días el Departamento de Bienestar Social y Familia.

Desde la consejería que dirige Carmen Susín subrayan que no se ofrecerán más detalles “para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores”. En paralelo, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha puesto el foco en las dudas de edad que afloran en algunos expedientes: en lo que va de año, 19 personas que llegaron como presuntos menores fueron identificadas como adultas tras las pruebas médico-forenses, lo que equivale al 12,4% de los 153 jóvenes registrados.

Un protocolo “estricto” y una casuística a la baja

En los últimos tres años, el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) practicó 150 pruebas de determinación de edad en casos con “dudas razonables”: 123 resultaron ser mayores (82%) y 27 menores. La serie muestra, no obstante, un descenso tanto en el número de pruebas como en el porcentaje de adultos detectados:

• 2023: 87 pruebas; alrededor del 90% adultas (pico asociado a la “emergencia canaria”).

• 2024: 35 pruebas; 74% adultas.

• 2025 (hasta inicios de septiembre): 28 pruebas; 19 adultas (≈68%).

“Basta ya de mentiras”, replicó la consejera Carmen Susín en el Pleno a Vox, que reivindicó haber “impulsado” estas pruebas cuando integró el Gobierno. Susín precisó que el protocolo aplicado en Aragón es el más estricto de España y recordó que es la Fiscalía quien ordena las pruebas “cuando la Policía o los servicios de protección de la infancia tienen dudas”.

30 expedientes recibidos y 250 menores en el sistema

Aragón ha recibido 30 expedientes de menores en esta fase (12 procedentes de Canarias, 12 de Ceuta y 6 de Melilla). Hasta septiembre, la comunidad ha atendido a 457 menores extranjeros no acompañados (494 en todo 2024) y 250 siguen actualmente bajo tutela en el sistema autonómico.

Cuando una prueba confirma la minoría de edad, el joven permanece en protección bajo la DGA. Si se confirma que es adulto, pasa —con financiación estatal— a los programas nacionales de acogida humanitaria o protección internacional, gestionados por ONG acreditadas.

Queja por “falta de información” y revisión de expedientes

El Ejecutivo de Azcón ha denunciado una “falta total de información” en algunos traslados estatales, y avanza que los gobiernos autonómicos revisarán los expedientes para “garantizar que no se produzcan más irregularidades”. En el entorno de Bienestar Social insisten en que Aragón cumplirá con su cuota de solidaridad, pero reclama al Estado trazabilidad y certezas previas sobre llegadas, perfiles y ubicaciones.

Aragón maneja que, a medida que se ejecuten los acuerdos de reparto, podrían incrementarse las llegadas en olas. De ahí el énfasis en sostener el equilibrio entre la protección de la infancia —“prioridad absoluta”— y la seguridad jurídica en los procedimientos de determinación de edad, con un papel central de la Fiscalía, pruebas proporcionales y garantías para los afectados.