Moncloa determina que Aragón tiene una capacidad de acoger a 441 menores migrantes y la DGA lo acatará
El Gobierno ha fijado la capacidad ordinaria de acogida en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para niños y adolescentes migrantes no acompañados. Según este cálculo, a Aragón le corresponden 441 menores. Esta cifra se establece en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que regula la capacidad de acogida y tutela de las comunidades autónomas.
El decreto establece que las comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados de menores a otros territorios. Con esta medida, el Ejecutivo da cumplimiento a la disposición adicional undécima incluida en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, modificada tras el Real Decreto-ley 2/2025, que introdujo medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones migratorias excepcionales.
El Gobierno ha detallado que la capacidad ordinaria más elevada corresponde a Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y la Comunidad de Madrid (2.325). En el resto de comunidades, la capacidad fijada es la siguiente: Aragón (441), Asturias (331), Baleares (406), Canarias (737), Cantabria (194), Castilla y León (783), Castilla-La Mancha (692), Extremadura (344), Galicia (886), Murcia (517), Navarra (223), País Vasco (731), La Rioja (107), Ceuta (27) y Melilla (28).
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subrayado que este decreto es un paso fundamental para garantizar los derechos de la infancia migrante, recordando que se trata de niños y niñas que llegan solos al país y a quienes se les debe asegurar una acogida digna, solidaria y humanitaria.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado la aprobación de la norma como “un punto de inflexión en el proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada”. Según explicó, con el decreto ya está todo preparado para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido. Rego ha defendido que se trata de un avance importante en la protección de niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España, pese a lo que calificó como intentos de bloqueo de algunos territorios.
En contraposición, el Gobierno de Aragón ha manifestado que, como ya ha hecho desde marzo, recurrirá todos los actos normativos y administrativos que impongan un reparto forzoso de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo autonómico denuncia que el sistema aprobado excluye a Cataluña y al País Vasco y responde únicamente a los intereses políticos de Pedro Sánchez y a sus pactos con socios independentistas.
Aragón sostiene que cumplirá la ley, pero insiste en que sus servicios jurídicos deberán estudiar el real decreto cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Considera que las normas aprobadas en el Consejo de Ministros profundizan en la arbitrariedad del reparto, ya que conceden a delegados y subdelegados del Gobierno la capacidad de decidir los traslados de menores sin criterios técnicos ni humanitarios. Además, critica que estos cargos no tienen competencias en protección de la infancia ni cuentan con servicios especializados, lo que califica como un nuevo error jurídico y político.
El Gobierno aragonés también ha expresado su rechazo al tono coercitivo de las normas y a las amenazas lanzadas por el presidente Pedro Sánchez y la ministra Sira Rego hacia las comunidades autónomas y los responsables regionales de protección a la infancia. A su juicio, estas actitudes son inadmisibles en un Estado democrático y de derecho.
Pese a todo, el Ejecutivo autonómico asegura que seguirá trabajando en la acogida obligatoria de los menores, aunque lo hará sin financiación, sin información y sin coordinación por parte del Gobierno central. En su declaración final, lamenta que “el interés de Pedro Sánchez prevalezca sobre el interés superior de los menores”, advirtiendo que la protección, acogida y bienestar de estos niños se está utilizando con fines políticos que, a su juicio, contribuyen a la crispación social y política del país.
