La verdad detrás del oncólogo de Huesca inhabilitado: 25 posibles lesiones y tres sospechas de homicidio imprudente
El caso que ha sacudido al Hospital Universitario San Jorge de Huesca continúa revelando nuevos detalles tras hacerse público que un oncólogo del centro ha sido inhabilitado judicialmente mientras se investiga si su actuación profesional pudo derivar en 25 lesiones imprudentes y en tres posibles delitos de homicidio por imprudencia.
La decisión, adoptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, se tomó a raíz de la denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud (Salud), que detectó irregularidades durante una revisión interna.
La medida cautelar prohíbe al facultativo ejercer en el ámbito sanitario desde el 20 de noviembre, y permanecerá en vigor hasta que la causa penal quede resuelta o se modifiquen los motivos que llevaron a su adopción. Sin embargo, el profesional ya se encontraba apartado de su puesto desde el 7 de julio, fecha en la que el Salud lo suspendió provisionalmente de funciones tras abrirse un expediente disciplinario.
Una investigación interna que destapó el caso
La gerente del Salud, Ana Castillo, acompañada por la directora de Atención Hospitalaria, Sara Guillén, detalló en una comparecencia pública que el caso se detectó gracias a los mecanismos internos del propio sistema sanitario. El 12 de marzo, la Gerencia del Sector de Huesca remitió un informe inicial en el que se alertaba de actuaciones médicas que podían ser constitutivas de negligencia. Al día siguiente, el Salud activó una investigación exhaustiva revisando cada historial clínico señalado.
El proceso, descrito como “meticuloso y extremadamente complejo”, avanzó mediante la incorporación de sucesivos informes: un segundo, el 21 de mayo; un tercero, el 4 de julio, que motivó la suspensión inmediata del profesional; y un cuarto, ya trasladado directamente al juzgado mientras la causa permanecía bajo secreto de sumario. Toda la documentación fue enviada «de forma íntegra» a la Fiscalía, que dio traslado al Juzgado de Instrucción y activó la participación de la Policía Judicial.
Según Castillo, los investigadores trabajan actualmente para determinar si la actuación del oncólogo encaja en un patrón de mala praxis, o si se trata de errores no intencionados que deberán ser valorados por la autoridad judicial y, llegado el momento, por peritos especialistas.
Atención a los afectados y confidencialidad absoluta
El Salud ha subrayado que, aunque ellos iniciaron la denuncia, es el juzgado quien debe comunicar a cada paciente su posible condición de perjudicado. Para apoyar este proceso, se ha habilitado un equipo específico de atención a familias, cuyo contacto ha sido facilitado al órgano judicial.
Castillo insistió en que el caso afecta únicamente a un médico y que no existe ninguna denuncia externa de pacientes: “Lo detectó el propio sistema sanitario. Fue el hospital el que dio la voz de alarma”. No se ofrecerán datos clínicos concretos debido a la confidencialidad y a que la investigación continúa abierta.
Un caso excepcional en Aragón
Las responsables del Salud recalcaron que se trata de un episodio “extraordinario” en un servicio de Oncología que, en palabras de Castillo, se caracteriza por su “alta profesionalidad y humanidad”. Aseguró que el departamento está colaborando plenamente con la justicia para aclarar cuanto antes la situación y garantizar que los pacientes continúen recibiendo una atención adecuada.
Mientras avanza la investigación judicial, el impacto de este caso sigue generando preocupación en la comunidad sanitaria aragonesa, pendiente ahora de las conclusiones de la Policía Judicial y del juzgado que determinarán si las actuaciones del profesional constituyeron delitos o negligencias graves en el ejercicio de la medicina.
