El organigrama hallado por la UCO: de dirigentes del PSOE de Aragón a los despachos clave de la DGA de Lambán
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo ha abierto una derivada inesperada en Aragón: la del proyecto minero de Mina Muga, una ambiciosa explotación de potasa en el límite entre Navarra y Zaragoza cuyo desarrollo habría generado, según los agentes, un entramado de contactos políticos y empresariales destinado a acelerar permisos clave.
Los folios 25 al 34 del informe, a los que ha tenido acceso HOY ARAGÓN, revelan documentos inéditos —croquis manuscritos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos— que sitúan al PSOE aragonés, a la Dirección General de Minas y a varios ayuntamientos socialistas en el mapa de relaciones de la trama.
Un esquema intervenido: flechas hacia Lambán y la estructura del PSOE Aragón
Uno de los hallazgos más llamativos procede del registro en la vivienda de Koldo García. Allí, la UCO localizó un esquema dibujado a mano que representa una estrategia para impulsar el proyecto minero. En él, el nombre de Koldo se conecta con Santos Cerdán —número tres del PSOE— y a través de él con “Javier Lambán”, entonces presidente del Gobierno de Aragón y líder regional socialista.
En el mismo diagrama aparecen el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el entonces director general de Energía y Minas, Alfonso Gómez Gámez, hoy concejal en Zaragoza y ya señalado por la UCO en un informe previo. Todos confluyen en un punto: Alfredo Zaldívar, alcalde de Remolinos, municipio clave en el proyecto por su potencial para acoger los depósitos de residuos salinos generados por la explotación.
El objetivo que figura al final del esquema es concreto: lograr una “carta de compromiso” y un “convenio de obra” con un interlocutor identificado como “A. Martínez”. Según la UCO, este croquis no es una simple nota: constituye la hoja de ruta de la trama para activar contactos políticos y conseguir una autorización determinante.
El mensaje a Lambán que enciende las alarmas
El informe conecta ese esquema con un WhatsApp enviado por Koldo el 3 de julio de 2018 a un contacto guardado como “Lambán Javier”. El mensaje incluye un archivo titulado “20180505_autorización_remolinos_muga_rev01” y un texto tan escueto como elocuente: “Mil gracias Javier !!! Estoy a tu disposición!!!”
La UCO identifica el adjunto como una autorización firmada semanas antes por el alcalde de Remolinos. Ese documento permitía a la UTE Acciona–Servinabar iniciar los trámites para habilitar antiguos huecos mineros como depósito de sal. Los investigadores interpretan el agradecimiento como vinculado a la obtención de esa autorización municipal, si bien no determinan si Lambán intervino activamente o simplemente recibió la información.
Un segundo diagrama: funcionarios de la DGA clasificados por “predisposición”
Además del primer esquema, la UCO encontró un segundo documento manuscrito, fechado en abril de 2017, centrado esta vez en los funcionarios de la Dirección General de Minas del Gobierno de Aragón.
En él, varios trabajadores aparecen organizados según su supuesta “predisposición” o “resistencia” a los trámites favorables a Mina Muga. Los calificativos anotados —“su posición es ok”, “contaminado pero gestión sospecha de todo”, “podemos!!! mala gente”— reflejan, según los agentes, un intento de mapear la estructura administrativa aragonesa para saber a quién recurrir y a quién evitar.
El organigrama que usaba la trama del caso Koldo para lograr contactos y beneficios en el PSOE aragonés y el Gobierno de Aragón de Javier Lambán. Esta imagen está incorporada al informe de la UCO / HOY ARAGÓN
La presencia destacada de Gómez Gámez, mencionado en ambos diagramas, evidencia su papel central en los permisos mineros durante el Gobierno de Lambán.
En un segundo nivel del diagrama aparece Jaume Sirvent Mira, entonces jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero, acompañado de la anotación “Posición: contaminado por gestión, sospecha de todo”. A partir de él se despliegan otros nombres: Pedro Pablo Silva, técnico del servicio; José Ignacio Urbizu, jefe de sección; Vicky M., sin identificar.
Más abajo, el documento menciona también a Luis Simal Domínguez, actual director del Inaga y en aquel momento responsable del Servicio Provincial de Zaragoza. Junto a su nombre figura otra valoración: “Posición: influencia de Gonzalo y enfrentado a J. Sirvent”.
La UCO subraya que este tipo de anotaciones reflejaría la intención de la trama de mapear la estructura administrativa aragonesa, identificando a quienes consideraban facilitadores u obstáculos en los trámites vinculados al proyecto Mina Muga.
Las conexiones con Navarra y Madrid: tres administraciones, un objetivo
El informe también sitúa a Mina Muga en la agenda de relaciones de Acciona y Servinabar años antes de la pandemia. El empresario vasco Antxón, administrador de esta última, aparece como intermediario en varios correos enviados a responsables navarros, entre ellos a la entonces presidenta Uxue Barkos.
Sus mensajes revelan preocupación por el obstáculo técnico más relevante del proyecto: el enorme “Monte Salado”, cuya gestión condicionaba la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Para sortearlo, según la UCO, Acciona habría movilizado a su departamento de I+D y mantenido contactos con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid, buscando una solución técnica que facilitara el permiso estatal.
La DIA favorable y un mensaje revelador: “Solos no llegan ni a la esquina”
La aprobación de la DIA el 31 de mayo de 2019 supuso un hito decisivo para los promotores. La resolución, firmada por Francisco Javier Cachón, fue celebrada por Antxón, que la reenvió por WhatsApp junto a un comentario que la UCO destaca:
“Solos no llegan ni a la esquina”.
Los investigadores interpretan esta frase como el reconocimiento explícito de que la DIA se logró gracias a la intervención conjunta de Acciona, Servinabar y sus contactos institucionales.
Un patrón que se repite: política, empresas y atajos administrativos
El análisis de la UCO concluye que Mina Muga fue el primer gran proyecto conjunto entre Acciona y Servinabar, y que en él ya se observa un patrón que años después se repetiría en los contratos investigados durante la pandemia: una empresa con conexiones políticas, un contratista de gran tamaño y una red de intermediación que buscaba acelerar procesos administrativos sensibles.
Aunque ninguno de los cargos citados en los documentos está investigado judicialmente, el informe dibuja un escenario en el que Aragón aparece plenamente entrelazado con la red de relaciones de la trama.
La justicia deberá determinar ahora si estos movimientos fueron simples contactos políticos o los cimientos de una estrategia organizada para allanar el camino del que está llamado a ser uno de los proyectos mineros más relevantes del valle del Ebro.
