La UCO señala al PSOE Aragón y su estrecha relación con la trama Koldo en la Mina Muga
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la llamada trama Koldo —un presunto entramado dedicado al cobro de comisiones ilegales mediante contratos públicos durante la pandemia— ha alcanzado de lleno a Aragón. Aunque el epicentro del caso se sitúa en Canarias y Madrid, el sumario judicial ha ido incorporando derivadas que afectan al PSOE aragonés y que han reabierto el debate sobre la gestión del Gobierno autonómico presidido por Javier Lambán entre 2019 y 2023.
En las últimas semanas, el PSOE Aragón se ha visto obligado a gestionar un reguero de preguntas incómodas. El detonante: varias referencias dentro del informe de la UCO a comunicaciones, intermediaciones y movimientos vinculados a la trama liderada por Koldo García, el exasesor del ministro José Luis Ábalos, así como al propio exministro y mano derecha de Sánchez, el mismo José Luis Ábalos; o figuras próximas como Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE.
Entre los nombres citados en informes previos de la UCO aparece el del concejal zaragozano Alfonso Gómez Gámez, que a su vez fue antiguo director general de Minas del Ejecutivo autonómico.
El documento, al que ha tenido acceso HOY ARAGÓN, detalla operaciones, llamadas y gestiones comerciales en las que aparecen cargos socialistas aragoneses. La clave, según los investigadores, se encuentra en el papel de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, considerada por la UCO como pieza central del engranaje que permitió a la trama intentar penetrar en distintas administraciones autonómicas durante los meses más críticos de la pandemia.
Contratos de emergencia: el caldo de cultivo perfecto
Al igual que en el resto de comunidades, Aragón activó mecanismos de contratación de emergencia en la primavera de 2020. La rapidez exigida, el colapso del mercado internacional y la escasez de suministros sanitarios crearon un escenario idóneo para la aparición de intermediarios sin experiencia previa en el sector.
En ese contexto, Soluciones de Gestión multiplicó sus contactos en varias autonomías. Los investigadores sostienen que estas comunicaciones permiten situar a Aragón dentro del “mapa de interés” de la trama, que trató de extender su actividad en un momento en el que cualquier proveedor con acceso a material sanitario tenía capacidad para cerrar acuerdos millonarios.
Mina Muga: la derivada que eleva la presión
La situación se ha complicado aún más con la incorporación al sumario de nuevas líneas de investigación relacionadas con el proyecto minero de Mina Muga, promovido por la empresa Geoalcali en la frontera entre Aragón y Navarra.
El último informe de la UCO apunta a que Koldo García y Santos Cerdán habrían buscado apoyos dentro del PSOE aragonés para acelerar determinados trámites vinculados al desarrollo del proyecto. Una de las piezas clave es un mensaje localizado en el teléfono de García dirigido al entonces presidente autonómico, Javier Lambán, al que adjunta una autorización municipal emitida por el Ayuntamiento de Remolinos —gobernado por el socialista Alfredo Zaldívar— junto con un elocuente “Mil gracias Javier!!! Estoy a tu disposición!!!”.
La Guardia Civil analiza especialmente la concesión de permisos en Remolinos, donde se proyectaba un depósito de residuos salinos ligado a Mina Muga. Empresas investigadas en el caso de las mascarillas, como Servinabar o Acciona, aparecen también vinculadas a trabajos previos al estallido de la pandemia.
Durante los registros en el domicilio de Koldo García, los agentes hallaron además varios esquemas manuscritos que enumeraban a cargos socialistas susceptibles, según la hipótesis policial, de facilitar trámites administrativos. Entre los nombres aparecen Lambán, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar; y el entonces director general de Minas, Alfonso Gómez Gámez.
Un caso que seguirá creciendo
La investigación judicial continúa abierta y la UCO sigue recopilando indicios. De momento, no hay cargos aragoneses investigados formalmente, pero la presencia reiterada de Aragón en el sumario apunta a que las derivadas del caso Koldo seguirán teniendo recorrido político. El impacto, admiten incluso en el PSOE, ya está hecho.
