STEA plantea un proceso extraordinario tras el caos en las oposiciones de Aragón

El Sindicato de los Trabajadores/as de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha reclamado la convocatoria de un nuevo proceso extraordinario de estabilización, un cambio en las fechas de las convocatorias ordinarias y la actualización de los temarios, además de hacer públicos los criterios de evaluación.

Desde STEA han recordado que antes incluso de la celebración de las recientes oposiciones de Educación --Secundaria, FP, escuelas de idiomas y artes-- reivindicaban la necesidad de una reforma "en profundidad y urgente" del actual sistema de acceso, que han tildado de "obsoleto y agotado", según han indicado en una nota de prensa.

Así, tras la polémica por el alto número de plazas que inicialmente no se van a poder cubrir en Aragón --299 de un total de 1.018 convocadas, el 29,3%--, el sindicato reitera que "la pelota está principalmente en el tejado del Ministerio de Educación", aunque el Gobierno de Aragón también es responsable de establecer unos calendarios de corrección "muy difíciles" de cumplir.

"Lo que ha ocurrido se veía venir. STEA se ha quedado siempre solo en las mesas sectoriales rechazando este modelo de oposiciones, aunque ahora algunos se sumen a nuestras críticas", han recordado desde el sindicato, subrayando que "no es algo privativo de Aragón, se ha generalizado en el grueso de comunidades".

De hecho, en algunas como Castilla y León, el porcentaje de plazas sin cubrir puede llegar al 45% y en otras como Murcia, al 19%. Por ello STEA ha exigido a la ministra de Educación, FP y Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, "que no haga dejación de sus responsabilidades y de una vez por todas lidere un proceso de actualización del acceso a la función docente acorde a la realidad actual, superando el modelo vigente completamente obsoleto".

Un aspecto clave, para este sindicato es que algunas comunidades autónomas, con Aragón a la cabeza, no aprovecharon los procesos de estabilización al amparo de la Ley estatal 20/2021, que pretendía rebajar la temporalidad al límite legal del 8% en 2024.

"Aragón cerró el pasado año con un 46,8% de personal interino en Educación, casi uno de cada dos profesores, es una barbaridad", han opinado, incidiendo en que "las vacantes de las macro-oposiciones de 2025 deberían haberse ofertado ya en 2022, 2023 y 2024, sin embargo esos años se sacó un número muy reducido y ahora llegan tarde".

MENOS PROBLEMAS EN OTRAS COMUNIDADES

En este sentido, "en otras comunidades, como Cataluña o Valencia, que sí aprovecharon los procesos de estabilización la situación este año ha sido distinta a la de Aragón, con un nivel mayor de aprobados", han apuntado.

Por este motivo, STEA aboga por impulsar a nivel nacional un nuevo proceso extraordinario, algo que podría incluirse en la tramitación parlamentaria en el Congreso de la nueva Ley de Función Pública y también en la aragonesa que ha impulsado el Ejecutivo autonómico.

Además, el incumplimiento del porcentaje legal de temporalidad ya se está traduciendo en sanciones para España por parte de la Unión Europea, en concreto en un recorte de 626 millones en los fondos europeos.

"Si no se toman medidas urgentes, el tirón de orejas de la UE irá a mucho más", han advertido, puesto que hay más cuestiones sobre las que el Ministerio de Educación debería actuar, según STEA. Entre ellas, las polémicas rúbricas o criterios de evaluación.

"Para facilitar la preparación de la oposición y evitar tanta responsabilidad sobre los miembros de los tribunales deberían existir unas rúbricas publicadas por el Ministerio, muy detalladas y que se conocieran de antemano antes de la preparación de las oposiciones, y de todos los temas", han señalado.

Según este sindicato, "igual que nosotros los profesores cuando corregimos a los alumnos lo hacemos con unos criterios claros y uniformes, debería haberlos también cuando somos los examinados".

TEMARIOS DE 1994 SIN ACTUALIZAR

Por otro lado, STEA ha criticado que los temarios que utilizan los aspirantes datan de 1994 y llevan más de tres décadas sin actualizarse.

"Esta situación es especialmente sangrante en algunas especialidades como Informática, en las que se obliga a estudiar sistemas de programación ya desfasados y no aparece internet ni la inteligencia artificial; o aparatos y técnicas que ya no existen en algunas de FP, incluso leyes que han sido derogadas", han expuesto.

Las personas opositoras "se enfrentan a unas pruebas sin unas mínimas garantías sobre su preparación", han manifestado, para añadir que tampoco se sostiene seguir realizando las pruebas en verano, tras la finalización del curso oficial. "Lo idóneo por muchos motivos sería hacerlas en el segundo trimestre, por ejemplo en enero o febrero.

A pesar de que esta medida suponga un gasto extraordinario, ya que deberían ser sustituidos en la docencia los miembros de los tribunales. Y debería hacerse también a la vez en todos los territorios, para evitar el "efecto llamada".

OTRAS REIVINDICACIONES

Otra mejora que solicita el sindicato es la descentralización de las pruebas en las tres capitales de provincia en las especialidades con más aspirantes, por ejemplo Inglés o Historia, donde podría haber tribunales en las tres ciudades, evitando el desplazamiento de opositores y miembros de los tribunales. En otras comunidades autónomas ya existen precedentes al respecto.

Cuestión distinta son las especialidades con un único tribunal, pero en el grueso existiría la posibilidad de evitar el desplazamiento masivo de personas desde su lugar de residencia habitual.

Además, el Gobierno de Aragón solamente abona a los miembros de los tribunales de oposición docentes el mínimo establecido por el Ministerio de Educación, y se da un importante agravio comparativo con los tribunales de la Administración General de Aragón, con retribuciones más elevadas.

Hay que recordar que el profesorado es un cuerpo estatal pero gestionado por las comunidades autónomas, por ello ese mínimo establecido por el Ministerio de Educación podría complementarse con una retribución autonómica hasta nivelarse con lo pagado a otros tribunales dependientes de la Diputación General de Aragón.

Aparte de cobrar "poco", el profesorado miembro de los tribunales tiene que adelantar de su bolsillo los gastos correspondientes a su alojamiento, desplazamiento a la sede del tribunal o comidas, una media de unos 600 euros. Algo que no cobrará hasta el año natural siguiente, a pesar de terminar las oposiciones en el mes de julio.

Con ello, además se ve obligado a realizar una declaración complementaria de la renta, al haber percibido esas retribuciones en un ejercicio fiscal posterior al que correspondía.