La Guardia Civil apunta a un pago de más del dueño de Forestalia de 443.531 euros por una empresa de excargos de la DGA
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma) sospecha que Fernando Samper, dueño de Forestalia, pagó "por encima del valor de mercado" la consultora Viadós, una empresa fundada por tres ex altos cargos del PAR en el Gobierno de Aragón.
Así consta en el sumario del caso Forestalia que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Teruel, un expediente de 1.382 folios del que dos tercios están dedicados a analizar esa operación de compraventa. Son sospechas recogidas en una investigación en curso, no hechos probados judicialmente.
El informe que sustenta esas sospechas fue elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del Banco de España. El propio Sepblac aclara en el documento que se trata de un "informe de inteligencia" que "no tiene valor probatorio". La investigación sigue abierta.
Quiénes son los ex cargos y qué es Viadós
Viadós fue fundada en enero de 2015 por Alfredo Boné, ex consejero de Medio Ambiente de la DGA entre 2007 y 2011 en gobiernos del PSOE y el PAR; Luis Marruedo, que fue su número dos en ese periodo; y Ana Cristina Fraile, que ejerció como jefa de gabinete de Boné. Los tres dejaron la política en 2015 y pusieron en marcha una consultora dedicada a la redacción de estudios ambientales.
Tres años después, en octubre de 2018, vendieron Viadós a Forestalia por un precio pactado ante notario de 4 millones de euros, a repartir en partes iguales entre los tres fundadores. Sin embargo, según el informe del Sepblac recogido en el sumario, Boné y Marruedo percibieron finalmente 443.531 euros más de lo acordado. Boné habría cobrado un total de 1,45 millones y Marruedo 1,6 millones. A Fraile, en cambio, se le descontaron 1,34 euros, quedándose con 1,3 millones.
Boné se desvinculó de la empresa un año después de la venta, en 2019, tras permanecer como autónomo para terminar proyectos de renovables para Forestalia. Marruedo y Fraile, en cambio, siguen vinculados al grupo: él como persona de confianza de Samper y ella como directora de Athmos, el nombre actual de lo que fue Viadós.
Por qué la Guardia Civil sospecha del precio
El análisis de la Ucoma se centra en si el precio pagado por Viadós estaba justificado por el valor real de la empresa. Las conclusiones, siempre en el marco de una investigación y sin valor probatorio según el propio Sepblac, apuntan a que "da la impresión de encontrarse por encima del valor de mercado".
Los investigadores fundamentan esa sospecha en varios indicios. El importe neto de la cifra de negocio de Viadós y su activo —en su práctica totalidad en liquidez— no justificarían, según la Guardia Civil, el precio de venta. A eso se añade que la empresa tenía un único cliente: Forestalia Renovables y Fernando Sol SL, las sociedades del propio Samper. La Ucoma señala que esto ocurría "casualmente".
El crecimiento de Viadós también llama la atención de los investigadores. Pasó de facturar 55.600 euros en su primer ejercicio a 760.794 euros en 2018, el año de la venta. La Guardia Civil califica ese crecimiento de "muy llamativo e importante" para una sociedad de nueva creación, y destaca la "escasa inversión", la inexistencia de deuda financiera y una elevada partida de tesorería.
Igualmente, el sumario recoge que desde la fundación de Viadós en 2015 se detectó "la existencia de un acuerdo" entre la consultora, Forestalia, Fernando Sol SL y el empresario Fernando Samper.
El origen de la investigación: la comisión de las Cortes
Este análisis específico sobre la compraventa de Viadós se encargó a raíz de las sospechas surgidas en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre la expansión de las energías renovables, donde afloraron indicios de posibles "tratos de favor" a Forestalia por parte de ex altos cargos de la DGA.
El caso Forestalia es uno de los procedimientos judiciales más complejos abiertos en Aragón en los últimos años, con ramificaciones que afectan a la política energética de la comunidad y a la relación entre el sector privado y la administración autonómica. El sumario sigue abierto en Teruel y la investigación continúa su curso.
