Susín insiste en que el reparto de menores migrantes es "inconstitucional" y "quiebra la igualdad"
La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha reiterado con firmeza que el reparto obligatorio de menores inmigrantes no acompañados promovido por el Gobierno central es “inconstitucional”, al tiempo que ha denunciado que esta medida “quiebra el principio de igualdad” entre comunidades autónomas y ha sido dictada bajo la presión de una única comunidad autónoma, en referencia a Canarias.
Susín ha subrayado que el Ejecutivo aragonés mantendrá su postura firme y continuará “defendiendo que hay una invasión de competencias autonómicas”. Según ha explicado, este reparto vulnera diversas leyes que garantizan la autonomía de las comunidades en materia de servicios sociales, acogida y protección de menores.
Estas declaraciones se producen después de que la Abogacía del Estado sostuviera que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría quedar desestimado. La consejera ha respondido que la Abogacía del Estado dispone de diez días para emitir su posición, y ha recordado que en ese periodo ha solicitado que no se admita el recurso, lo cual —según Susín— “es parte de su función, pero esa petición está relacionada únicamente con la solicitud de medidas cautelares”.
En esta línea, la consejera ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado al Gobierno central la remisión completa del expediente relacionado con el citado Real Decreto. Este requerimiento incluye también los informes jurídicos elaborados por la Abogacía del Estado, documentos clave para entender los argumentos utilizados por el Ejecutivo central en la redacción del decreto.
Carmen Susín ha subrayado que Aragón no es la única comunidad que considera inconstitucional esta medida. Ha mencionado expresamente al Gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por el PSOE, que también ha mostrado su rechazo al reparto obligatorio por motivos similares. Según ha explicado, el Ejecutivo manchego considera que el decreto “rompe el principio de igualdad”, “invade competencias” que corresponden a las comunidades autónomas, y además “vulnera derechos fundamentales”, tanto de la infancia como de las personas migrantes.
La consejera ha defendido que el Gobierno de Aragón cumple con la legalidad vigente y ha asegurado que “sí respeta lo que dicten los tribunales”. Por ello, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha indicado que habrá que esperar a que el proceso judicial siga su curso antes de realizar valoraciones definitivas.
Estas declaraciones han sido realizadas por Carmen Susín momentos antes de inaugurar el I Congreso de Familias de Aragón, un evento que se celebra este viernes en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón, con el objetivo de reflexionar sobre los retos y apoyos necesarios para las familias en la comunidad.
