La UCO atribuye a Gómez Gámez un papel clave en el deposito de residuos de Mina Muga en Remolinos
La investigación del caso Koldo suma un nuevo capítulo con implicaciones directas en Aragón. Según consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Gobierno de Aragón emitió en 2018 un documento oficial en el que avalaba el uso de galerías mineras abandonadas en Remolinos como espacio para el depósito de los residuos salinos procedentes del proyecto Mina Muga, el gran yacimiento de potasa situado entre Navarra y Aragón, impulsado por la empresa Geoalcali.
La gestión de ese sobrante minero fue, y sigue siendo, uno de los puntos más polémicos del proyecto, y ahora aparece vinculado a la trama que involucra al exasesor ministerial Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El informe judicial recoge que la unión temporal de empresas formada por Acciona Infraestructuras S.A. y Servinabar 2000 SL —representada por Alfonso Martínez Andrés, dirigente del PSOE en el Comité regional de Pilar Alegría— consiguió un posicionamiento favorable por parte del entonces director general de Energía y Minas, Alfonso Gómez Gámez.
En un escrito oficial del 6 de julio de 2018, adelantado por Heraldo de Aragón, Gómez consideró que “el empleo de antiguas galerías de minas de sal abandonadas puede resultar idóneo para el depósito controlado de sales cloruradas (NaCl, principalmente), por la identidad del residuo que se pretende almacenar con el encajante que lo acoge”.
Ese documento, según detalla la UCO, fue incluido posteriormente en la memoria de gestión de residuos de Mina Muga para justificar la propuesta ante otros organismos. Aunque Geoalcali terminó desechando esta vía y optó por el llamado backfilling seco, el informe policial sostiene que el inicio del procedimiento administrativo para el depósito en Remolinos sí fue objeto de interés para los investigados.
La Guardia Civil subraya que el objetivo habría sido lograr un aval inicial del Gobierno de Aragón como paso clave para avanzar permisos posteriores.
Un proyecto señalado como “primer negocio común”
La UCO sostiene que Mina Muga habría sido “el primer proyecto en común” entre Acciona y Servinabar, vinculando este hecho con gestiones presuntamente coordinadas por Santos Cerdán y Koldo García.
Entre la documentación intervenida, la Guardia Civil localiza dos esquemas diseñados por los investigados en los que aparecen nombres de responsables socialistas aragoneses “a contactar” de cara a la obtención de permisos. Uno de los nombres anotados es nuevamente el de Alfonso Gómez, junto a quien aparece la frase "su posición ok". La UCO interpreta este comentario como señal de que el alto cargo “cuenta con el beneplácito o se encuentra alineado con sus intereses”.
En el informe se reseña además un mensaje enviado por Koldo García al entonces presidente aragonés, Javier Lambán, agradeciéndole supuestamente su “intermediación” con el Ayuntamiento de Remolinos. Según la UCO, el mensaje incluía adjunto el documento firmado por Gómez. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Alfredo Zaldívar, ha negado cualquier autorización municipal en declaraciones posteriores. La Guardia Civil no afirma que la autorización se produjera, sino que investiga el intento de conseguirla.
La controversia sobre el tratamiento de los residuos de Mina Muga se arrastra desde hace años. Aunque el método en cuestión nunca se aplicó y el proyecto optó por otra alternativa técnica, la investigación policial considera que el intento de obtener avales institucionales por vías presuntamente interesadas constituye un elemento clave del caso.
Gómez Gámez: un nombre recurrente en los informes
La UCO ya mencionó al actual concejal socialista de Zaragoza, Alfonso Gómez, en un informe previo del caso Koldo. A pesar de aparecer en aquella documentación, el PSOE lo restituyó como portavoz adjunto en el Ayuntamiento, alegando que no existe en su contra imputación ni actuación judicial formal.
El documento ahora citado vuelve a situarlo en el foco, aunque su actuación se limita a la emisión de un dictamen técnico dentro de sus competencias administrativas, extremo reconocido también por la Guardia Civil, que no le atribuye delito ni responsabilidad penal en el citado informe.
