Vaquero acusa al Gobierno central de "poner precio" a los menores no acompañados para obtener apoyos
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha acusado al Ejecutivo central de "poner precio a los menores no acompañados" que llegan a España, asegurando que los utiliza como moneda de cambio para obtener apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Vaquero ha calificado de "inaceptables" las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien criticó las políticas del Gobierno aragonés en materia migratoria, afirmando que "rayan la crueldad".
La vicepresidenta ha replicado que quien ejerce una política cruel es el Gobierno de España, que antepone el interés político a la protección de los menores, y ha recordado que la gestión de la inmigración y el control de fronteras es una competencia indelegable según la Constitución.
Ha denunciado también la "absoluta deslealtad" del Gobierno central, afirmando que el Real Decreto Ley sobre el reparto de menores es inconstitucional. Frente a ello, ha defendido que el Gobierno de Aragón actúa con solidaridad y ha invitado a Saiz a visitar la comunidad para ver cómo se atiende a los menores ante la falta de implicación del Estado.
Según Vaquero, el fracaso de la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez ha derivado en decisiones que vulneran los principios constitucionales, como el reparto de menores en función de los intereses de los socios independentistas.
Además, ha recalcado que el Gobierno aragonés solo entregará los datos sobre menores si lo exige la justicia, mientras la ministra aún no ha respondido al Tribunal Supremo, que le ha reclamado una explicación sobre el destino de más de mil menores llegados a Canarias. También ha criticado que no se haya dado respuesta al Consejo de Transparencia, que exige conocer los criterios de distribución de estos menores.
"Ya podría el Gobierno de España mostrar la lealtad que demuestra el de Aragón", ha dicho Vaquero, quien ha asegurado que desde su departamento se defenderán "los intereses de todos los aragoneses y la igualdad con el resto de comunidades autónomas".
En cuanto al Plan Corresponsables, Vaquero ha denunciado que el recorte del 25% en su presupuesto, por parte del Gobierno central, afecta directamente a la capacidad financiera del Ejecutivo aragonés y pone en riesgo políticas clave de igualdad, conciliación y atención a la infancia.
Ha lamentado que se trata de una decisión unilateral, sin consenso en la Conferencia Sectorial, y ha destacado que la mayoría de comunidades se oponen a este recorte, una medida que, en su opinión, mina la cogobernanza, la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones.
Para concluir, ha afirmado que "el Gobierno de España está en descomposición, rodeado de casos de corrupción institucional", y que aplica una política de confrontación en lugar de cooperación.
