El Gobierno lleva a la DGA a los tribunales por negarse a entregar los datos de menores migrantes que acoge
El Gobierno central ha presentado un segundo recurso judicial contra Aragón por no haber entregado, en el plazo legal, los datos relativos a los menores migrantes no acompañados que acoge actualmente. El plazo expiró este lunes y, según el Ministerio de Juventud e Infancia, Aragón ha incumplido la Ley de Extranjería. Esta nueva acción legal, de carácter contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, se suma al recurso presentado días atrás ante el Tribunal Constitucional.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado directamente al presidente aragonés, Jorge Azcón, de “insumisión”. A su juicio, la negativa del Ejecutivo autonómico a facilitar los datos solicitados supone un desafío abierto a la legislación estatal. “Definitivamente, Aragón ha optado por la insumisión a una ley aprobada en el Congreso de los Diputados”, ha denunciado Rego desde los pasillos del Congreso.
La ministra ha recalcado que Aragón es la única comunidad autónoma que no ha facilitado los datos requeridos, imprescindibles para elaborar un censo nacional con el que organizar el reparto de más de 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, donde los centros de acogida se encuentran al límite de su capacidad.
Con esta última acción judicial, el conflicto entre ambas administraciones ya suma cinco recursos en los tribunales. El primero en acudir a la vía legal fue el propio Gobierno de Aragón, que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la solicitud de información cursada por el Ministerio. Días después, presentó otro recurso contencioso-administrativo, esta vez ante la Audiencia Nacional, contra la convocatoria de la conferencia sectorial en la que se debían ratificar los nuevos criterios de reparto. Posteriormente, Aragón presentó también un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que regula este procedimiento, al considerar que vulnera el principio de igualdad entre comunidades autónomas.
A su vez, el Ejecutivo central elevó la semana pasada un recurso al Constitucional por el supuesto incumplimiento del “deber de colaboración” de Aragón en el marco del decreto que establece que esta comunidad debe acoger a unos 180 menores procedentes de otras regiones desbordadas.
En este contexto, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, aseguró que los datos están listos para ser entregados, pero que no lo harán hasta que haya una resolución judicial clara. Desde el Partido Popular se critica que los criterios del reparto benefician a comunidades como Cataluña, que, según su argumento, por el esfuerzo previo realizado solo deberá recibir entre 20 y 30 menores.
Sira Rego ha vuelto a defender los criterios aprobados por el Gobierno y ha recordado que aún pueden ser modificados si hay unanimidad entre las comunidades autónomas. Además, ha elevado el tono contra Azcón y ha cuestionado la posición del líder del PP: “Se ha declarado en insumisión a la ley. Me gustaría saber qué va a hacer el señor Feijóo, porque tiene a un presidente autonómico del PP que está actuando en contra de los intereses de otras comunidades también gobernadas por el PP, como Ceuta o Canarias. ¿Cómo va a resolver esa contradicción dentro de su partido?”, ha planteado.
La próxima fecha clave será el 28 de mayo, día en que el Ministerio ha convocado en Madrid la comisión preparatoria de la conferencia sectorial. Allí se presentarán los datos actualizados que definirán la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, según su población. A partir de esos datos se determinará qué territorios, como Canarias o Ceuta, triplican su capacidad y activan el reparto obligatorio del resto de menores.
En paralelo, aquellas comunidades que no alcancen esa capacidad ordinaria quedarán fuera del reparto de los 100 millones de euros de financiación estatal. Según el Ministerio, Aragón cuenta con unas 100 plazas disponibles, unas 450 menos de las que debería tener en función de su población.
Pese a la resistencia mostrada por algunas comunidades, el Gobierno central mantiene su hoja de ruta. “Seguimos caminando, a pesar de algunas resistencias, con la perspectiva de empezar a trasladar a los niños y niñas durante este verano”, ha concluido Rego.
