Vox lleva a los tribunales a Sumelzo SA: una querella por 55 contratos públicos y dos ministerios en el foco
Vox ha llevado a los tribunales a los administradores solidarios de SUMELZO, S.A. con una querella en la que denuncia posibles irregularidades en más de 55 contratos públicos con ayuntamientos gobernados por el PSOE y con organismos del Estado. El escrito cita posibles delitos y pide acceder a expedientes y tomar declaración a varios responsables políticos.
El primer movimiento no llegó con una comparecencia larga ni con un dosier desplegado ante cámaras. Llegó con una querella. VOX ha registrado una acción judicial contra los administradores solidarios de SUMELZO, S.A., una empresa vinculada a la familia Sumelzo.
Vox considera que existen indicios de irregularidades en la adjudicación de más de 55 contratos públicos con ayuntamientos gobernados por el PSOE y con distintos organismos de la Administración General del Estado, según el escrito presentado por la formación.
La querella pone el foco en Fernando Sumelzo y Juan José Sumelzo Jordán, señalados como administradores solidarios de la sociedad, y sostiene que la actividad de la empresa se ha concentrado de forma reiterada en contratación pública con administraciones socialistas y, de manera particular, con el Ministerio de Defensa y el de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, de acuerdo con el relato de VOX.
Qué delitos se investigan y qué pide VOX
En el escrito judicial, el partido plantea la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales vinculadas a la contratación pública.
La formación solicita al juzgado la apertura de diligencias para acceder a expedientes, analizar adjudicaciones y tomar declaración a personas que, a su juicio, podrían haber intervenido o tenido conocimiento de los hechos.
Entre los nombres que VOX propone para declarar figuran, según su querella, Margarita Robles (Defensa), Teresa Ribera (Transición Ecológica), además de Susana Sumelzo y responsables municipales citados en el escrito.
Dos ministerios en el centro: Defensa y Transición Ecológica
Uno de los apartados más concretos del documento apunta al Ministerio de Defensa, donde VOX sostiene que la empresa habría obtenido contratos con una cadencia aproximada de “uno al año”. En paralelo, subraya que un volumen relevante de adjudicaciones procedería de Transición Ecológica, llegando a mencionar hasta 11 contratos de valor millonario durante el periodo de Ribera.
En los últimos meses, distintos medios ya habían publicado informaciones sobre adjudicaciones a SUMELZO, con referencias a contratos de obra y actuaciones vinculadas a instalaciones militares en Aragón, así como a contratos en el ámbito medioambiental e hidráulico.
Qué ocurre ahora: admisión a trámite y diligencias
El paso clave, a partir de este punto, será procesal: que el juzgado competente admita o no a trámite la querella y determine qué diligencias procede practicar. En ese escenario, el tribunal podría requerir expedientes de contratación, informes técnicos, documentación administrativa y, si lo considera pertinente, citar a declarar a investigados o testigos.
No es la primera vez que VOX recurre a los tribunales contra miembros del Gobierno u organismos públicos. En diciembre de 2025, por ejemplo, el Tribunal Supremo archivó una querella presentada por la formación contra el presidente del Gobierno y dos ministros al concluir que no concurrían los elementos típicos de los delitos alegados en aquella causa.
Ese precedente no anticipa el recorrido del caso SUMELZO —cada procedimiento depende de hechos y pruebas concretas—, pero sí marca una pauta: el éxito judicial de una querella suele depender de que el juzgado aprecie indicios suficientes y de que la documentación requerida sostenga o desmienta el relato de la parte denunciante.
El fondo del asunto: contratación, criterios y transparencia
Más allá del choque político, el caso se ancla en una cuestión sensible: cómo se adjudican y fiscalizan los contratos públicos cuando una empresa encadena adjudicaciones con distintas administraciones. Si la querella prospera, el procedimiento podría acabar delimitando si hubo irregularidades o si las adjudicaciones se ajustaron a los procedimientos de concurrencia y controles previstos por la normativa.
Por ahora, lo único seguro es el punto de partida: VOX ha judicializado el asunto y ha pedido una investigación amplia. El siguiente capítulo ya no será político, sino jurídico: lo escribirá el juzgado al decidir si la querella se admite y qué se investiga exactamente.
