El PP plantea un órdago contra la regularización de migrantes de Sánchez por afectar a los servicios públicos
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han iniciado una ofensiva política y judicial contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Ejecutivos como los de Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana consideran que esta medida podría colapsar a los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y servicios sociales, y por ello, estudian recurrirla ante los tribunales.
En el caso de Madrid y Baleares, sus respectivos gobiernos ya han anunciado que acudirán al Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto, aprobado este martes en Consejo de Ministros y que entrará en vigor este jueves tras su publicación en el BOE.
Un decreto con un impacto en medio millón de personas
El Ejecutivo tiene previsto que esta regularización beneficie a unas 500.000 personas, entre solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular que podrán acceder a permisos a través de diferentes fórmulas de arraigo. Para gestionar este proceso, el Gobierno reforzará la atención administrativa con la incorporación de 550 profesionales distribuidos en oficinas por todo el país.
Desde el Ministerio de Inclusión defienden que la medida busca ordenar la situación migratoria y facilitar la integración, aunque varias comunidades autónomas alertan de sus posibles consecuencias.
Las comunidades del PP denuncian la falta de diálogo
Uno de los principales reproches de los gobiernos autonómicos es que el decreto se ha aprobado sin consenso previo. El Ejecutivo de Aragón, por ejemplo, ha criticado que la norma se ha diseñado “de espaldas” a las comunidades y ha anunciado que tomará todas las acciones posibles para frenarla.
En términos similares se han expresado otras comunidades, que llevan meses mostrando su rechazo a esta regularización. Consideran que puede generar un “efecto llamada” y aumentar la presión sobre servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Por otro lado, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en anunciar su intención de recurrir la medida. Ayuso ha criticado con dureza la política migratoria de Pedro Sánchez, al considerar que la regularización se está llevando a cabo “sin control”.
Además, el Gobierno balear, presidido por Marga Prohens, también acudirá al Supremo, aunque va esperar a analizar el texto definitivo del decreto antes de concretar su estrategia jurídica.
En la misma línea el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, no descartan recurrir la medida tras analizar sus efectos y ambos han puesto en duda el procedimiento elegido para aprobar el decreto.
Feijóo ve la regularización "inhumana, insegura e insostenible"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra la regularización, calificándola de “inhumana”, "insegura" e “insostenible”. Desde la dirección del partido aseguran que utilizarán todas las vías políticas, parlamentarias y judiciales para intentar frenar la medida.
En este contexto, Vox también ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, al considerar que la regularización supone un riesgo para el sistema y la gestión migratoria.
