Opinión I El déficit que se queda el Estado: por qué Aragón tiene razón en plantarse

Hay decisiones políticas que, más allá de la jerga técnica, hablan por sí solas. El Gobierno de España ha decidido reservarse para sí el grueso del margen de déficit permitido por Bruselas mientras ofrece a las comunidades autónomas una décima, un 0,1%, para los próximos años. Traducido: el Estado se queda 2 puntos de déficit y las autonomías, que pagan la sanidad, la educación o los servicios sociales, se reparten las migajas.

Esta decisión coincide con el día que se vuelve a publicar el estado de la deuda pública de España respecto a su PIB y en concurso con otros países de la Unión Europea. La foto, para echarse a temblar. La deuda pública española marca un nuevo récord al alcanzar el 103,2% del PIB, un nivel que eleva la presión sobre la sostenibilidad fiscal y refleja el constante aumento del gasto y los déficits estructurales. Con este contexto, que Aragón levante la voz no es un arrebato partidista. Es pura supervivencia institucional.

El presidente Jorge Azcón ha dicho con claridad lo que otros muchos presidentes autonómicos piensan y no se atreven a verbalizar: es “injusto” que el Estado se quede con casi todo el margen mientras las comunidades asumen la mayor parte del gasto social. Y tiene razón.

Porque la aritmética es tozuda: la Sanidad se financia desde el Pignatelli para los hospitales de Barbastro o Alcañiz, no desde La Moncloa; las escuelas rurales en la Sierra de Albarracín no se sostienen con discursos federalizantes, sino con recursos reales; la dependencia o el transporte escolar en el medio rural no se pagan con slogans, sino con ingresos suficientes.

Aragón arrastra, según los propios cálculos del Departamento de Hacienda, más de 400 millones de euros de infrafinanciación con el sistema actual. No es un capricho: es el resultado de un modelo que penaliza a las comunidades con poca población, mucha dispersión, envejecimiento y cientos de pequeños municipios. Justo el retrato robot de Aragón.

Prestar un servicio sanitario o educativo en un pueblo de 80 habitantes cuesta muchísimo más por persona que hacerlo en una gran ciudad. Cuando desde Aragón se cuestiona el reparto del déficit no se está pidiendo un trato de favor. Se está exigiendo algo tan básico como que el esfuerzo del Estado no se concentre en Madrid mientras se obliga a las comunidades a cuadrar las cuentas con menos margen y más responsabilidades.

A todo esto se suma un segundo ingrediente, todavía más peligroso: la tentación del Gobierno de abrir la puerta a un modelo de financiación “singular” para Cataluña, pactado bilateralmente con ERC, al margen del resto de territorios.

Si ese camino se consuma, Aragón —y muchas otras comunidades— perderán dos veces. Primero, porque partirán de una posición de infrafinanciación ya reconocida. Segundo, porque se institucionalizará una España de primera y de segunda en la que la capacidad de presión política valga más que la necesidad objetiva de prestar servicios públicos en condiciones muy difíciles.

El consejero Roberto Bermúdez de Castro lo ha resumido bien: el nuevo modelo “debe ser un diálogo entre todos”, no una negociación a varias velocidades en la que algunos se sienten con el Gobierno con reglas distintas al resto. No estamos hablando de banderas, sino de dinero para pagar médicos, profesores y residencias de mayores. Y ahí, un euro que se detrae por la puerta de atrás es un recorte en un aula, en un consultorio o en una ambulancia.

Lo ocurrido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene algo de ritual vacío. Las comunidades llegan sin diálogo previo real, el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa una senda ya decidida y, tras el intercambio de reproches, todo queda prácticamente igual. Es difícil construir acuerdos cuando el órgano que debería servir para pactar reglas compartidas se ha convertido en un escenario más de confrontación política.

En ese contexto, que Aragón mantenga una posición firme es casi una obligación moral. Porque, además, el Gobierno autonómico ha atado su propia agenda a estas decisiones: ya ha anunciado que presentará los Presupuestos “en los próximos días”, una vez incorporados los “reajustes” derivados del 0,1% de déficit. Es decir, se asume el marco que marca Hacienda, pero no se renuncia a criticarlo ni a batallar por cambiar las reglas de reparto. Y eso, en términos de responsabilidad institucional, es lo correcto: cumplir, pero no callar.

*Álvaro Sierra es el socio director de HOY ARAGÓN