Editorial | Gobernar para Aragón exige cuidar lo que funciona
Las urnas hablaron en febrero de 2026 y los aragoneses ratificaron un mandato político claro. Ese resultado merece absoluto respeto y da toda la legitimidad al Gobierno de Jorge Azcón. Pero la legitimidad electoral no exime a ningún ejecutivo de gobernar con prudencia, con diálogo y con los ojos puestos en los retos reales que tiene Aragón por delante. Ganar unas elecciones es el principio, no el final. Una máxima que ha sabido responder con creces el Ejecutivo en solitario de Jorge Azcón estos últimos meses y que ahora, junto con Vox, tiene que saber responder con más garantías, si cabe.
En esta línea, CEOE Aragón y Cepyme Aragón han lanzado un mensaje al nuevo Ejecutivo que merece más atención de la que suelen recibir los comunicados institucionales. No es un aviso partidista ni una declaración de guerra política. Es algo más sencillo y más profundo: un recordatorio de que Aragón ha construido durante cuarenta años un modelo de entendimiento entre instituciones, empresas y trabajadores que ha dado resultados, y que destruirlo sería un error que pagaríamos todos.
Desde el primer Acuerdo Socioeconómico de 1989, la concertación social ha sido una seña de identidad de la política aragonesa que ha sobrevivido a gobiernos de distinto color. No por inercia ni por costumbre, sino porque funcionaba. Estabilidad laboral, atracción de inversiones, formación, negociación colectiva, paz social.
Son logros concretos, medibles, que tienen detrás años de diálogo entre el Gobierno autonómico, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ese modelo no es propiedad de ningún partido. Es patrimonio de Aragón.
Las organizaciones empresariales no están pidiendo privilegios. Están pidiendo que se las consulte antes de tomar decisiones que les afectan. Están recordando que el diálogo social no es una concesión política sino un derecho reconocido jurídicamente por la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la propia Ley aragonesa de diálogo social de 2018. Y están advirtiendo, con la sobriedad propia de quienes hablan desde la responsabilidad, de que ignorarlos tendría un coste real para la economía de la comunidad.
El contexto lo hace más urgente si cabe. Aragón está en un momento extraordinario. La inversión de Amazon Web Services, con más de 33.700 millones previstos en la próxima década, sitúa a la comunidad en el mapa tecnológico europeo. O un ejemplo más territorial y extenso como el Plan Pirineos que pretende transforma las comarcas pirenaicas. Proyectos de calado que pueden cambiar Aragón para las próximas generaciones están sobre la mesa.
Para que esas oportunidades generen riqueza real y empleo de calidad, Aragón necesita un clima de estabilidad que solo el diálogo puede garantizar. Las grandes inversiones no llegan a territorios con conflictividad crónica. Las empresas no se instalan donde las reglas cambian sin consulta ni consenso.
El nuevo Gobierno tiene por delante una legislatura con oportunidades históricas. Sería un error dilapidarlas por no escuchar a quienes crean empleo y sostienen el tejido productivo de esta comunidad. La prudencia no es debilidad. Es inteligencia política. "Gobernar para Aragón exige cuidar aquello que funciona." Es una frase de las organizaciones empresariales aragonesas. Y es difícil no darles la razón.
